Familiares de personas detenidas en El Salvador, en el contexto de un régimen de excepción, solicitaron que la medida no se prorrogue más y sea derogado el decreto legislativo que lo permite y faculta a la Fiscalía General a “alargar” el tiempo de investigación.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, es cuestionada por miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Al menos un centenar de personas acompañadas de miembros del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), no gubernamental, se desplazaron por las principales calles de San Salvador hacia la sede de la Asamblea Legislativa para hacer entrega de la solicitud.
La petición fue dirigida a los diputados miembros de la Junta Directiva del Congreso y a los integrantes de la Comisión de Seguridad de dicho órgano, según dijo a periodistas, Samuel Ramírez, coordinador de Movir.
Ramírez señaló en declaraciones a EFE que le solicitan a la Asamblea Legislativa que “ya no prorrogue el decreto que permite a la Fiscalía alargar el tiempo de detención de una persona”.
“Si la Fiscalía no tiene cómo comprobar delito a esas miles de personas, que los libere y a los que ya comprobó, que los condene. Que los metan a la cárcel, que no salgan de ahí, pero que se compruebe que de verdad cometieron un crimen, pero los inocentes, no es justo que sigan guardando prisión”, apuntó el coordinador.
Ese régimen, que ha dejado la captura de más de 85,900 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a esas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo 3 años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022. Las investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
