La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves a 17 años de cárcel al primero de los imputados por el asalto a las sedes de los 3 poderes ocurrido el 8 de enero pasado, en medio de un fuerte debate que reflejó la polarización política que vive el país.
Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1,390 activistas de ultraderecha acusados por ese atentado contra la democracia juzgado por el Supremo, fue declarado culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.
Si bien la culpabilidad fue reconocida en forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los 11 miembros del Supremo en relación a la pena que debía aplicarse y a los delitos imputados.
Se impuso, sin embargo, la propuesta del juez relator, Alexandre de Moraes, quien sugirió 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista” con “odio irracional”, con el “claro objetivo” de incitar a “las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los hechos ocurrieron 8 días después de la investidura de Lula, quien en las elecciones de octubre se impuso al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconoció ese resultado, al igual que la extrema derecha que le apoya y que promovió el asalto de enero.
Según la presidenta del Supremo, Rosa Weber, el 8 de enero fue “un domingo de infamia”, cuando “la democracia fue atacada por una turba irracional que, con un total desprecio por la cosa pública, invadió con furia el corazón de la República”.
Tras ese primer caso, el tribunal tiene previsto juzgar a otros 3 de los 1,390 imputados, cuyo grado de participación deberá ser establecido en procesos individuales, pues el derecho brasileño no contempla las “responsabilidades colectivas”
De ese modo, faltan todavía 1,389 juicios, que pudieran ser más pues la investigación continúa y apunta ahora a quienes financiaron el movimiento y a los probables autores intelectuales, un último caso en el que existen sospechas sobre el propio Jair Bolsonaro.
¿Intento de golpe o una manifestación violenta?
La acusación de “golpe de Estado” presentada por la Fiscalía motivó un fuerte debate que tuvo de un lado a los magistrados André Mendonça y Kassio Nunes Marques, que llegaron al Supremo de la mano de Bolsonaro, y del otro al resto de los 9 miembros de la corte.
Tanto Mendonça como Nunes Marques desestimaron esa acusación, con los argumentos de que el golpe no fue consumado y que los vándalos del 8 de enero “no tenían fuerza” para derrocar al presidente Lula.
Mendonça fue más allá y defendió algunas tesis bolsonaristas, para afirmar que hubo fallos “inexplicables” en el área de seguridad por parte del Gobierno que “facilitaron” la acción de los vándalos, y considerar que lo sucedido el 8 de enero debía ser juzgado en tribunales de primera instancia y no en la máxima corte.
De Moraes rebatió esa posición con un poco habitual énfasis en los debates del Supremo y calificó de “absurdos” los planteamientos de Mendonça y Nunes Marques.
También reaccionó el decano del tribunal, Gilmar Mendes, quien pidió a los jueces más conservadores que “no ignoren el contexto en que ocurrieron los hechos”, precedidos por protestas a las puertas de los cuarteles que exigían impedir la investidura de Lula el 1 de enero, 8 días antes de los sucesos.
“Nunca se vieron esas manifestaciones en democracia”, afirmó Mendes, quien incluso citó como “antecedente”, una reunión del gabinete convocada por Bolsonaro en marzo de 2021 en la que uno de sus ministros pidió “encarcelar” a todos los miembros del Supremo.
Según Mendes, “fue lo mismo que ocurrió en Estados Unidos” el 6 de enero de 2022, cuando activistas de ultraderecha asaltaron el Capitolio en protesta por la victoria electoral de Joe Biden frente a Donald Trump.
Para analistas políticos y jurídicos, ese debate no fue más que un reflejo de la alta polarización política en que ha sumergido al país el surgimiento de la extrema derecha bolsonarista, a la que la Corte Suprema tampoco es ajena.
