El Gobierno de Honduras aprobó la vigésima segunda extensión, por otros 45 días, del estado de excepción parcial, una medida implementada desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en el país, aunque ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores que exigen su derogación.
La ampliación, hasta el 16 de agosto, fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 22-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta, según informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.
El decreto autoriza la “suspensión de garantías constitucionales” en determinadas zonas del país, ante la “grave” situación de violencia criminal organizada que, según el Gobierno, ha sido “heredada” de la Administración anterior y ha generado “un estado de calamidad y emergencia generalizada”, afectando especialmente a la población a través de delitos como la extorsión.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, el Gobierno argumenta que la magnitud del fenómeno criminal y la alta capacidad operativa de estas estructuras delictivas han obligado a ejercer “toda la autoridad y fuerza coercitiva del Estado”, con el fin de proteger la vida e integridad de los ciudadanos y restablecer la paz y la seguridad a nivel nacional.
Destacó además que la extrema violencia que enfrenta Honduras “perturba gravemente la paz a nivel nacional” y hace “indispensable y urgente continuar con todas las medidas” orientadas al restablecimiento del orden público y la protección de la vida humana, como fin supremo de la sociedad.
El documento señala que estas acciones buscan facilitar la identificación, localización y captura de miembros del crimen organizado, quienes operan como “mafias” y representan una amenaza directa contra la vida, los bienes y la seguridad de la población, incurriendo en delitos como extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros.
