Billy Long, jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés), fue cesado después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) solicitara datos sensibles y privados de contribuyentes para confirmar las direcciones de supuestos inmigrantes indocumentados, lo cual excedía el acuerdo para que la agencia tributaria colabore con las deportaciones, según una nota exclusiva publicada por el Washington Post.
El jueves (7), el DHS pidió al IRS que le ayudara a ampliar los datos personales de una lista de 40 mil personas sospechosas de residir en el país ilegalmente, haciendo uso de datos confidenciales de contribuyentes.
En un primer momento, el IRS colaboró para identificar alrededor de un 3% de los nombres de la lista, principalmente aquellos asociados con un número de identificación fiscal ITIN, que muchos indocumentados utilizan para trabajar y pagar miles de millones de dólares en impuestos en EUA.
El desencuentro entre el IRS y el DHS se produjo este viernes (8), cuando este último solicitó a la agencia tributaria datos de declaraciones de impuestos, como aquellos que reclamaron exenciones fiscales a las que por su estatus legal podrían no tener derecho.
Ese tipo de información fiscal, sobre cuyo uso para deportaciones han criticado abogados de privacidad tributaria, elevó la oposición de altos funcionarios del IRS por exponer datos muy sensibles y vulnerar derechos, según informó el diario.
Long, cuya salida las fuentes no quisieron confirmar que estuviera directamente relacionada con este episodio, ha reiterado internamente que el IRS no iba a compartir información fuera de los confines de un acuerdo firmado con el DHS en abril.
“La Administración de Trump está trabajando para eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aproveche de los beneficios que están pensando para contribuyentes americanos que trabajan duro”, indicó en un comunicado la Casa Blanca.
El DHS confía que una mayor implicación del IRS, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de asuntos migratorios para no disuadir a los inmigrantes de pagar impuestos, en la campaña de deportación masiva de Trump podría facilitar la captura de 7 de los alrededor de 11 millones de indocumentados que se cree que viven, trabajan y tributan en el país.
