El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que declarará la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira, una desértica región al norte del país marcada por la escasez de agua y la desnutrición infantil, y que gobernará desde allí durante una semana a partir del próximo lunes.
“Estamos estudiando, dados las causas que sobreviven en el territorio de La Guajira alrededor del fenómeno El Niño, la agudización con las consecuencias climáticas (…) genera una emergencia obvia que es el agua, la sed, y vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas”, aseguró este viernes a los medios de comunicación en el marco de su participación en la clausura de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París.
En La Guajira el presidente estará acompañado de todo su gabinete de ministros, quienes participarán junto a él en varios encuentros que se realizarán en Riohacha, Uribia y Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades de esta región.
Los problemas que hay que enfrentar son el agua, ya que “los niños que mueren lo hacen por la falta o la mala calidad del agua”, la salud y la base económica.
Esta medida le permitirá al mandatario expedir decretos sin tener que pasar por el Congreso, aunque por el momento Petro no ha adelantado qué tipo de medidas se adoptarán o se aprobarán al respecto.
Se trata de un mecanismo que le concede poderes extraordinarios al presidente para, con el aval de todos sus ministros, emitir decretos con fuerza de ley que normalmente deberían pasar antes por el Congreso.
No obstante, los decretos que expida el mandatario deberán estar relacionados directamente con la crisis por la que se declaró la emergencia y pasarán antes por la Corte Constitucional.
Petro ya había informado que declararía la emergencia en esta región, en su mayoría habitada por indígenas wayuu, hace unos días. “Desde el 26 estaremos en La Guajira, todo el Gobierno, toda esa semana. Esa semana de gobierno en la Guajira mostrará qué instituciones se quedan en la retórica, en dónde están los obstáculos que deben ser removidos para cumplir con la sentencia constitucional”, indicó entonces el presidente.
Esta sentencia a la que hizo referencia se refiere a la de la Corte Constitucional, que ordenó en 2017 proteger los derechos al agua, a la alimentación y la salud de la población wayuu.
Con información e imagen de EFE
