Hacia una justicia cívica transformadora en México
Por Angélica Yedit Prado Rebolledo*
En el sistema de justicia mexicano, los juzgados cívicos a menudo no reciben la atención que merecen, pero su función es fundamental para promover una convivencia armoniosa en nuestra sociedad. Se ocupan de resolver faltas administrativas y conflictos comunitarios, actuando como el primer contacto entre la ciudadanía y el Estado.
Sin embargo, su papel va mucho más allá de solo aplicar normas y sanciones. Estos juzgados ponen de manifiesto las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan grupos marginados, como las personas en situación de calle, aquellas con discapacidad, migrantes y quienes luchan contra adicciones. Por eso, los juzgados cívicos pueden convertirse en espacios valiosos para impulsar una ciudadanía activa y participativa.
A través de procesos de formación, podemos ayudar a las personas a conocer y ejercer sus derechos, combatir la ilegalidad y la corrupción, y fortalecer tanto nuestro Estado democrático como el tejido social. Con este fin llevamos a cabo una investigación cualitativa en el estado de Colima, con el propósito de entender las experiencias de juezas y jueces cívicos en su trabajo diario. Utilizando un cuestionario estructurado, se conversó con el personal judicial cívico de varios municipios sobre temas como la aplicación de sanciones, la atención a poblaciones vulnerables, la percepción de la discriminación y la inclusión de la perspectiva de género.
Los resultados revelan una serie de tensiones éticas e institucionales, así como carencias en la formación, lo que resalta la necesidad de adoptar una visión más humanista en la justicia administrativa local. Quienes trabajan en el sistema judicial enfrentan el reto de equilibrar la legalidad con el respeto a los derechos humanos, especialmente en contextos donde las estructuras legales parecen perpetuar desigualdades.
En sociedades que valoran la legitimidad del orden y la ley, los grupos vulnerables a menudo expresan su frustración al sentir que lo que es justo para ellos es considerado injusto por el sistema. Sus formas de protesta suelen ser deslegitimadas, lo que distorsiona la idea de justicia basada en la reciprocidad. Por eso, la justicia cívica no debe verse sólo como un conjunto de normas, sino como un espacio donde se construye diariamente la relación entre el Estado y la ciudadanía. Esto es especialmente importante para aquellos que no tienen otras maneras de acceder a la justicia o que viven en situaciones de exclusión social. Esta realidad está íntimamente relacionada con los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación que guían las recientes reformas constitucionales en México.
Los resultados de la investigación también revelan cómo las dinámicas institucionales influenciadas por el patriarcado aún están presentes en el trabajo judicial, especialmente en el desarrollo profesional de las mujeres juezas. Aunque se han dado algunos pasos hacia la incorporación del enfoque de género, todavía hay limitaciones tanto en el lenguaje como en la práctica, lo que muestra que aún tenemos una deuda pendiente con la igualdad real.
Frente a esta realidad, es fundamental replantear el papel del juzgado cívico, no solo viéndolo como un órgano que impone sanciones. Debemos reconocerlo como un espacio con un gran potencial transformador, capaz de promover la inclusión social, prevenir conflictos y proteger derechos. Este capítulo se suma a los esfuerzos por documentar y visibilizar estas experiencias desde una perspectiva crítica, donde la dignidad humana sea el eje central del trabajo judicial.
Este trabajo nos acerca a las experiencias de juezas y jueces cívicos en el estado de Colima, México, para comprender mejor los desafíos éticos, institucionales y sociales que enfrentan en su día a día. Nos interesa especialmente cómo interactúan con personas que han sido históricamente vulneradas, como aquellas que viven en situación de calle, tienen alguna discapacidad, son migrantes o enfrentan adicciones. Reconocemos el papel crucial que desempeñan los juzgados cívicos como espacios de encuentro directo entre el Estado y estas comunidades.
También examinamos las dificultades que surgen al aplicar sanciones o al intentar implementar protocolos que se adapten a las necesidades específicas de cada grupo. Esto es aún más complicado en un contexto donde los marcos normativos locales, como el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Colima, a menudo no consideran adecuadamente la diversidad de condiciones sociales que enfrentan las personas que utilizan este sistema.
El presente trabajo es producto de la colaboración con los Dres. Alejandra Chávez Ramírez y José Manuel de la Mora Cuevas y fue presentado en el V Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Identidades/Alteridades. El delgado hilo de las fronteras. Los días 29 y 30 de mayo de 2025 en Sevilla, España. Para su consulta, el resumen de la ponencia puede encontrarse en el siguiente enlace: https://ciiid.org/ponencia/jueces-civicos-como-agentes-de-cambio-frente-a-practicas-discriminatorias-en-el-ambito-municipal-el-caso-de-colima-mexico/
*Profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima
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