El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto con el que se denuncia en todo su contenido el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, un instrumento bilateral vigente desde hace quince años que facilitaba el trámite de visas y residencias para ciudadanos venezolanos.
Esta decisión ejecutiva se produce luego de que, en agosto pasado, la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— votara a favor de terminar con el acuerdo, con 86 votos provenientes del bloque oficialista, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa, se abstuvo durante la votación.
Ricardo Patiño, excanciller de Correa y firmante del acuerdo en 2010, expresó que su movimiento consideraba que mantener el Estatuto beneficiaba a ambas partes, aunque optaron por no oponerse formalmente.
De acuerdo con el decreto, el Ejecutivo tomó la decisión debido a los recortes y suspensiones de financiamiento internacional para los programas migratorios, lo que limitó la capacidad del país para sostener el flujo migratorio en condiciones regulares. Noboa ya había instruido a la Cancillería a iniciar el proceso de denuncia del acuerdo desde el pasado 11 de marzo.
Ecuador, con cerca de 444,800 personas venezolanas en su territorio, es el quinto país con mayor presencia de esta comunidad migrante, según cifras de la Plataforma R4V de 2024. Desde el 1 de septiembre, el país exige la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de unos 40 países, entre ellos Venezuela.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que la implementación de esta medida busca reforzar la seguridad del Estado y el control migratorio, sin dejar de lado el compromiso con los derechos humanos de las personas en movilidad, conforme al marco legal vigente.
