El caso por lavado de activos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch) fue calificado este sábado como una estrategia política para someter al periodismo en Nicaragua, durante un coloquio celebrado en San José, Costa Rica, que abordó los efectos del proceso judicial en la libertad de expresión y la migración forzada de periodistas.
La conversación fue organizada por Galería News, La Sala, mujeres en la redacción, y el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam). Los participantes coincidieron en que la acusación legal no solo buscaba sancionar a una institución, sino aterrorizar a toda una profesión y obligar al exilio a quienes ejercen el periodismo crítico.
El periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, describió lo ocurrido en 2021 como «la gran confesión del régimen de Daniel Ortega de que se trataba de un caso político», y al mismo tiempo, «una gran derrota», ya que, según él, el exilio no logró silenciar a la prensa.
Durante el coloquio se proyectó el corto documental La verdad no se exilia, producido por Galería News, el cual pone en perspectiva la represión que enfrentan los periodistas nicaragüenses y destaca su perseverancia por seguir informando, incluso fuera del país. Esta producción fue usada como punto de partida para reflexionar sobre el papel del periodismo en la memoria histórica de Nicaragua.
Persecución sistemática y uso de la ley
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado que el año 2021 representó uno de los más oscuros para el periodismo nacional, con al menos siete formas de represión física y psicológica, además de nueve mecanismos de criminalización y judicialización.
Uno de los principales factores que facilitó esta ofensiva fue la Ley de Agentes Extranjeros, aplicada de manera arbitraria, lo que condujo al cierre de la Fvbch y la detención de su directora, Cristiana Chamorro, quien había manifestado su intención de competir por la Presidencia frente a Daniel Ortega, reelecto en noviembre de 2021 en unas elecciones duramente criticadas por la comunidad internacional.
La Fiscalía nicaragüense basó su acusación en una denuncia del Ministerio de Gobernación, que argumentó que la fundación “incumplió gravemente” con sus reportes financieros entre 2015 y 2019, lo que habría generado “claros indicios de lavado de dinero”.
Exilio y persistencia periodística
Desde 2018, Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó al menos 355 personas muertas ese año. Desde entonces, más de 200,000 nicaragüenses han salido al exilio, incluyendo cerca de 300 periodistas, de acuerdo con datos de la organización Nicaragüenses en el Mundo (NEEM) y del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
Este último organismo denunció el 8 de septiembre de 2025, en el marco del Día Internacional del Periodista, que los exiliados son víctimas de una “política sistemática de terrorismo de Estado”, pero que pese a ello, muchos comunicadores continúan visibilizando los abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega y Rosario Murillo.
Durante el coloquio, los ponentes concluyeron que, aunque forzado, el exilio ha permitido desenmascarar la naturaleza abusiva del régimen nicaragüense, y que lejos de silenciarse, la prensa ha seguido informando con determinación, fortaleciendo la memoria colectiva y el derecho a la verdad.
