La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó a iniciar un “diálogo urgente” entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones sociales e indígenas, tras la muerte de un manifestante durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa.
El representante regional, Jan Jarab, lamentó el fallecimiento del comunero Efraín Fuerez, de nacionalidad indígena kichwa, ocurrido el pasado 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó el hecho como “un crimen de Estado”, afirmando que Fuerez fue asesinado por disparos de las Fuerzas Armadas.
Jarab destacó que el Estado debe investigar de forma exhaustiva y transparente las responsabilidades por la muerte, garantizando acceso a la justicia para la familia y la comunidad de la víctima. Además, pidió indagar los reportes de personas heridas, incluidos 12 militares, durante las protestas.
La ONU recordó que el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden y tiene la obligación de investigar cualquier uso ilícito de la fuerza o violaciones de derechos humanos de manera eficaz, imparcial y oportuna. Jarab advirtió que las fuerzas militares no están entrenadas para manejar conflictos sociales y su despliegue en estas situaciones representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos.
