Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los 2 exmiembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, aseguraron que para avanzar en el caso es imprescindible entregar la información que solicitan los padres y que daría certezas sobre el paradero de los jóvenes.
“Se necesita dar continuidad a ese trabajo (el realizado en los nueve años desde la desaparición). Hemos tocado de lleno muchas pruebas. pero otras la estamos tocando con la punta de los dedos, se necesita la información que se está solicitando”, dijo Beristain durante un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto del grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 se refirió a la solicitud que hicieron los padres de los estudiantes el pasado miércoles al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una reunión en la que el mandatario aseguró que no hay más información por parte del Ejército de la entregada hasta el momento.
Sin embargo, el último informe del GIEI detalló la existencia de varios documentos que no se entregaron y de muchos que no están completos.
Estos tienen que ver con detalles sobre la presencia de militares encubiertos en el momento de los hechos, también sobre el paradero de 17 de ellos aquella noche del 26 de septiembre y acerca de, entre otros, el monitoreo constante por parte del Ejército de los movimientos de los estudiantes y de sus elementos durante ese día.
“Sabemos que hubo intervención militar, que los militares siguieron a los estudiantes desde que salen hasta que desaparecen, pero es una información muy fragmentada. Ni siquiera queremos que se haga público, pero sí que se entregue a las autoridades (la información faltante)”, declaró el abogado de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, en dicho evento.
Los expertos del GIEI, que abandonaron el país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo de la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación, recordaron la complejidad de este caso y la relevancia de resolverlo durante el foro de “A 9 años del caso Ayotzinapa ¿qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”.
“Es responsabilidad del Estado dar respuesta efectiva a lo que las víctimas piden. Si la información que sabemos que es relevante y que existe no se da, lo que vamos a tener es un impacto en la integridad psicológica de los familiares”, expuso Beristain.
El experto recordó que, más allá de los aspectos jurídicos o políticos, es necesaria una ética a la altura de la capacidad técnica.
Por su parte, Buitrago insistió en que “no es una benevolencia” sino “una obligación” que los textos de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) y otros organismos sean entregados.
“En cuanto se omita saber qué fue lo que pasó, no habrá verdad que valga”, sentenció Buitrago.
La experta mencionó la necesidad de decisión real de los entes de justicia, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelara la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca).
Por último, Beristain dijo que “hasta que el Estado esté dispuesto a saber la verdad” no podrá resolverse el caso.
Este lunes, víspera del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, los padres de los estudiantes tendrán una reunión en la Secretaría de Gobernación.
