El juez que investiga en España el Caso Negreira decretó el secreto parcial del sumario para practicar varias diligencias de investigación, entre ellas el registro del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el fin de evitar que se “manipulen” pruebas dados los “extraordinarios intereses económicos en juego”.
Así lo justifica el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en un auto, al que tuvo acceso EFE, en el que acuerda abrir una pieza separada de la causa y declararla secreta, tal y como le solicitó ayer la Fiscalía Anticorrupción, y ordena practicar distintas pruebas en el marco de la misma.
Entre esas diligencias secretas figura la entrada y registro que la Guardia Civil está practicando en las oficinas del Comité, situadas en las dependencias de la Federación Española de Futbol (RFEF) en Las Rozas, Madrid, para recabar documentación relacionada con los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo.
En su auto, con fecha de ayer, el juez mantiene que es necesario acordar el secreto de las actuaciones “a fin de practicar ciertas diligencias de prueba” planteadas por la Fiscalía, teniendo en cuenta “los extraordinarios intereses económicos que hay en juego”.
El objetivo del secreto de sumario, argumenta el magistrado instructor, es que “no se puedan manipular las pruebas a realizar”, o que se trate de impedir o dificultar su práctica.
En paralelo, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de a Enríquez Negreira y a su hijo.
En su último auto, el magistrado justifica la imputación del delito de cohecho, que castiga los sobornos para obtener favores de funcionarios públicos, en sus sospechas de que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su hijo recibieron durante 18 años un total 7 millones de euros del Barcelona a cambio de procurar los “efectos arbitrales deseados” por el club, lo que implicaba “desigualdad de trato” para el resto de equipos.
Pese a que Enríquez Negreira no era funcionario, como exige el delito de cohecho, considera el juez, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición “a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos” de los mismos.
De hecho, han señalado a EFE fuentes jurídicas, se trataría del primer caso en que un cargo de la Federación Española de Futbol es acusado de cohecho, un delito que la legislación establece que debe ser juzgado por un tribunal popular.
Asimismo, el juez ha dictado otra resolución en la que requiere al Barcelona para que, en un plazo de 5 días, aporte el listado de presidentes de FC Barcelona desde 2001 hasta 2018, “indicando la fecha de toma de posesión y cese”.
Hasta ahora, están imputados por el “Caso Negreira”, además del FC como persona jurídica, los expresidentes azulgranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
El instructor también reclama al club que le detalle los “cargos y funciones” desempeñados por los investigados Albert Soler, exdirector de deportes profesionales del Barcelona, y Òscar Grau, exdirector ejecutivo”.
