El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) debe acudir a instancias internacionales para pedir su liberación, tras haber sido condenado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, que “no cometió y por el que no fue procesado”, afirmaron este viernes varios de los abogados vinculados con su causa.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció este jueves a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por ese delito a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en diciembre de 2022.
El tribunal consideró, sin embargo, que el exgobernante no consumó el delito de rebelión, por el que la Fiscalía pidió inicialmente una condena a 34 años de cárcel, y lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación en el que anunció su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar mediante decretos, aunque su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo.
Al respecto, el abogado Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa de Castillo, declaró a la emisora Radio Exitosa que el exmandatario estaba preparado “psicológicamente” para recibir una condena, pero aseguró que esta se dictó por un delito por el que no fue denunciado ni procesado.
“El presidente (Castillo) estaba preparado psicológicamente para recibir esta noticia, y el tiempo nos ha dado la razón, porque dijimos que no había rebelión, y si no había rebelión no hubo flagrancia, y si no hubo flagrancia, nunca debió haber sido detenido como dicen”, enfatizó.
Ayala ratificó que Castillo ha sido condenado por un delito por el que no fue denunciado ni procesado, ya que la Fiscalía lo acusó de rebelión y en las últimas semanas planteó la alternativa de conspiración.
El letrado aseguró que la aplicación de otro delito “por una figura que se llama desvinculación al campo penal”, es “inconstitucional y vulnera el derecho a la defensa, porque no le da el tiempo suficiente para defenderse”.
“Si en todo el juicio ha sido juzgado por un delito, no te pueden meter otro de contrabando, eso está mal”, sostuvo antes de considerar que la defensa de Castillo en el proceso debe apelar y acudir a instancias internacionales.
Otro de los abogados de Castillo, Carlos Torres Caro, también destacó a Exitosa que el tribunal determinó que el exmandatario no cometió el delito de rebelión y dijo que confía en que saldrá en libertad en cuanto su caso sea llevado a una corte internacional.
“Él no ha cometido el delito de rebelión y lo he venido sosteniendo en todo este tiempo, y ahora la sala ha demostrado que no hay rebelión”, acotó.
Torres Caro opinó que el tribunal intentó “cuadrar” el caso para dictar su sentencia y, por ese motivo, resolvió aplicar una condena por conspiración para una rebelión, por lo que coincidió en considerar que un tribunal internacional va a “dejar completamente libre” al exmandatario.
