Las operaciones estatales de seguridad en Guanajuato generaron un impacto financiero al crimen organizado de más de 352 millones de pesos, focalizadas en el aseguramiento estratégico de droga, hidrocarburos y mercancía ilícita, así como en evitar pagos por extorsión.
Según datos oficiales, esta cifra es el resultado de un año de la implementación del modelo de estatal denominado Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) con el que se logró asegurar más de 120 millones de pesos en mercancía robada, la incautación de más de 97 millones de pesos en hidrocarburos ilegales y el decomiso de más de 72 millones de pesos en drogas. Además, el Escuadrón Antiextorsión evitó que víctimas realizaran pagos por 62.7 millones de pesos.
Según publica Reforma en su edición digital, dicha estrategia fue lanzada el 4 de noviembre de 2024 por la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. En materia operativa, la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) reportó un total de 4,523 puestas a disposición, lo que representa un incremento del 34% anual.
El número de personas detenidas se elevó un 36%, alcanzando las 3 mil 86, además de la cumplimentación de 910 mandamientos ministeriales y 47 judiciales, cifras catalogadas como históricas para la corporación.
Entre los aseguramientos destacan 570 mil dosis de drogas en total y 419 armas, incluyendo un incremento del 70% en armas cortas y 231 armas largas. Asimismo, se recuperaron 1,967 vehículos robados (55% más) y 374 cajas secas (216% más).
El uso de inteligencia permitió a CONFIA realizar detenciones relevantes, coordinadas con la Federación para desarticular células criminales.
El reporte menciona la detención de objetivos prioritarios como Gisela “La Chepina”, señalada como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en León, y Salvador “Sonora”, quien presuntamente dirigía células operativas del mismo cártel en Irapuato. También se incluye la desarticulación de una célula del Cártel Santa Rosa de Lima en el corredor industrial.
En cuanto al homicidio doloso, el informe destaca que la combinación de inteligencia y control territorial generó una tendencia a la baja, con una reducción del 63% en el promedio diario de homicidios en octubre de 2025 en comparación con febrero del mismo año.
Para blindar el territorio, el Gobierno de Guanajuato impulsó la Coordinación Interestatal Blindaje Bajío con San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, buscando ampliar la colaboración a Querétaro y Zacatecas. Este mecanismo estableció el intercambio operativo y de inteligencia, y permitió patrullajes coordinados para reducir la movilidad criminal en las fronteras.
En tanto, el Plan Carreteras Seguras implicó un fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos (PEC), con un aumento proyectado en el estado de fuerza a 434 integrantes y la ampliación de la flota vehicular. Aunque la PEC tiene competencia en vías estatales, se espera que este fortalecimiento permita apoyar a la Guardia Nacional en los tramos federales prioritarios (45, 45D y 57), que concentran la mayor incidencia delictiva.
La SSyP, a cargo de Juan Mauro González Martínez, experimentó una reestructura para dar paso a la creación de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional.
Esta nueva subsecretaría centró la capacidad analítica y táctica del estado, para coordinar seis comisarías especializadas con el objetivo de transformar datos en acciones operativas. Entre éstas, destacan la Comisaría de Investigación de Gabinete, que genera análisis de redes criminales, y la Comisaría de Investigación de Campo, que coadyuva con el Ministerio Público en detenciones y cateos. Además, el Centro Estatal de Inteligencia e Investigación Criminal (CEIIC) generó 3,622 productos de inteligencia en un año.
En suma, precisó Reforma, las acciones operativas, el Programa Fénix, el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2025-2030, (enfocado en la intervención comunitaria) logró 17,377 actividades preventivas y benefició a 1.4 millones de personas.
Fénix trabaja directamente en colonias y entornos vulnerables para atender las causas profundas de la violencia, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el respeto a la legalidad, en una articulación de esfuerzos con todas las dependencias estatales.
