La Iglesia mexicana criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el fallo que emitió esta semana en el que resolvió que cualquier mujer puede ampararse contra las leyes que penalizan el aborto en el país.
“Este criterio permite que organizaciones que lucran con el aborto combatan, vía amparo, los códigos penales de los estados, para lograr una desaparición penal del aborto, y con ello liberalizar su práctica”, señaló la institución en su editorial dominical Desde la Fe.
La Iglesia se pronunció así a la resolución del Supremo que el pasado miércoles estableció que cualquier persona con capacidad de gestar podrá solicitar un amparo de inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto en leyes de los diferentes estados.
Esta determinación de la primera sala de la SCJN facilita el camino hacia la despenalización del aborto en todo el país porque, de este modo, no habría que esperar a que los congresos estatales modifiquen sus leyes al respecto.
Lo que sí es necesario es que la regulación en cuestión aplique en el territorio al que pertenece la persona que reclama.
Ante ello, el Arzobispado mexicano consideró que esta es una “situación extrema” a la que quieren llevar a las mujeres “con un discurso plagado de sofismas, mentiras y falsos derechos, deshumanizando la vida en su inicio”.
Además, señaló que la SCJN está invalidando lo que regulen los Congresos locales y lo que definan los gobiernos en materia de política pública y acusó que el Supremo aprovecha “su facultad interpretativa en materia de derechos humanos, intenta ordenar, dictando cómo deberían ser las leyes a su juicio”.
La Iglesia externó su preocupación pues consideró que en materia de derechos humanos “el respeto por la vida sigue siendo vulnerado, en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales”.
Finalmente, dijo que espera que sociedad y Gobierno, “realicen acciones en favor de las mujeres embarazadas para facilitarles las circunstancias que puedan estar enfrentando”.
En septiembre de 2021, la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impediría encarcelar a las mujeres y al personal médico que les ayudase con consentimiento, pero este avance se vio frenado por la necesidad de que los estados legislasen en este sentido.
