A pesar de un año marcado por reformas constitucionales, ampliación del pleno y cambios legales de fondo, el Tribunal de Justicia Administrativa (TAE) del estado de Colima no detuvo su labor ni un solo día. Así lo sostuvo su magistrado presidente, Andrés Gerardo García Noriega, al presentar su informe de actividades 2025, en el que subrayó que la institución no solo mantuvo su productividad, sino que logró incrementarla en medio de un proceso de transformación estructural.
En una entrevista exclusiva, el magistrado explicó que 2025 fue un año clave para el Tribunal: se reformó la Constitución del Estado, se pasó de 3 a magistraturas, se modificó la ley que regula su funcionamiento y se reconfiguró el pleno, todo en un lapso de apenas 12 meses. “Cualquiera pensaría que con tantos cambios una institución se paraliza; aquí ocurrió lo contrario”, señaló, al destacar que el trabajo jurisdiccional continuó sin interrupciones.
García Noriega enfatizó la relevancia del derecho administrativo como “el derecho de lo cotidiano”, al recordar que la mayoría de las decisiones que afectan directamente a las personas –multas, impuestos, clausuras o permisos- son actos administrativos y no resoluciones judiciales tradicionales. En ese contexto, explicó que la función central del Tribunal es verificar que las autoridades actúen conforme a derecho, respetando el debido proceso y los límites legales, sin sustituir ni frenar la acción gubernamental.
Los números, dijo, reflejan esa estabilidad institucional. Durante 2025 ingresaron 1,361 asuntos y se resolvieron 1,474, lo que permitió reducir el tiempo promedio de resolución a meses. Además, el pleno celebró 48 sesiones, emitió 65 acuerdos generales, más de 6 mil acuerdos procesales y realizó más de 16 mil notificaciones. “No es el logro de una persona, sino de una institución y de un equipo profesional comprometido con la función pública”, apuntó.
De cara al futuro, el magistrado presidente identificó como principal desafío la consolidación de la justicia digital. Aclaró que no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de transformar el acceso a la justicia, permitiendo que las personas puedan presentar demandas, recibir notificaciones y consultar expedientes sin trasladarse físicamente a la capital del estado. “La tecnología debe estar al servicio del debido proceso, no al revés”, advirtió, al señalar la importancia de proteger la seguridad jurídica y los datos personales.
Finalmente, García Noriega afirmó que, en un contexto nacional de profundas transformaciones, el Tribunal tiene una responsabilidad clara: garantizar que toda decisión pública se emita dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las personas. “El derecho no es un obstáculo al cambio; es la garantía de que ese cambio sea justo”, concluyó, al refrendar el compromiso institucional con la legalidad y el Estado de derecho en Colima.
