La Secretaría General de Gobierno del estado de Colima se declaró “incompetente” para resguardar y proporcionar información relacionada con las órdenes de protección y los mecanismos de seguridad para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que en años anteriores sí había respondido y documentado ese tipo de información cuando se encontraba en funciones el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (Infocol).
De acuerdo con una respuesta emitida a una solicitud de información presentada en enero de este año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la dependencia señaló que, tras realizar una búsqueda en sus archivos, no localizó información que sea de su competencia, por lo que se deslindó de la obligación de proporcionar datos sobre solicitudes, beneficiarios o medidas de protección vigentes.
Sin embargo, en respuestas previas emitidas en 2024 -cuando aún operaba el Infocol– la propia Secretaría General de Gobierno sí reconoció contar con registros y haber dado seguimiento a notificaciones relacionadas con la incorporación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a los mecanismos de protección.
En dichos informes oficiales, la dependencia detalló que en el año 2022 recibió una notificación de incorporación de una persona periodista, a la cual se le aplicaron las medidas de protección, prevención y reacción inmediata establecidas en el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ese mismo año, añadió, también se recibieron solicitudes de seguimiento correspondientes a personas defensoras y periodistas incorporados previamente en los años 2016, 2019 y 2021.
Asimismo, la Secretaría General de Gobierno informó que durante 2023 se tuvo registro de 5 notificaciones en las que se comunicó la incorporación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas al mecanismo de protección, a quienes se les dio seguimiento conforme al protocolo nacional. En contraste, precisó que en 2024 no se ha recibido ninguna notificación relacionada con nuevas incorporaciones.
La diferencia entre las respuestas emitidas antes y después de la desaparición del órgano garante estatal deja constancia de un cambio en la postura institucional, al pasar de reconocer registros y acciones de seguimiento a declararse incompetente para atender solicitudes de información en una materia sensible para la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Ese hecho abre interrogantes sobre la conservación de archivos, la continuidad administrativa y la transparencia en torno a los mecanismos de protección para periodistas en una entidad que enfrenta altos niveles de riesgo para el ejercicio periodístico.
Pepe Ferruzca 
Redacción