Pese a que la legislación vigente en materia de transparencia fijó como plazo límite el 8 de febrero, al 10 de febrero continúa inhabilitada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la opción para presentar quejas o recursos de revisión por la falta de respuesta a solicitudes de información, situación que persiste desde la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (Infocol).
De acuerdo con la normativa transitoria, el 8 de febrero venció el plazo legal para que la Contraloría General del Estado de Colima realizara los trabajos necesarios para asumir las funciones cuasi jurisdiccionales en materia de transparencia y acceso a la información, particularmente aquellas relacionadas con la resolución de recursos de revisión interpuestos por ciudadanos inconformes con respuestas —o la ausencia de ellas— a solicitudes de información pública.
El marco legal estableció un periodo de 90 días de suspensión de los recursos de revisión pendientes, durante el cual las nuevas autoridades garantes debían preparar la transición institucional. Dicho plazo concluyó el 8 de febrero, sin que hasta el momento se haya restablecido el mecanismo para que las personas solicitantes puedan impugnar omisiones o respuestas incompletas a través de la plataforma.
En específico, el transitorio décimo sexto determinó que las autoridades garantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, así como los órganos constitucionales autónomos, contaban con un máximo de 60 días para realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna, a fin de asumir las atribuciones que anteriormente ejercía el Infocol.
No obstante, al mantenerse deshabilitada la opción para presentar quejas y recursos de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, las personas solicitantes continúan sin un medio efectivo para exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la información, lo que ha generado un vacío operativo en la atención de inconformidades.
La falta de habilitación de este mecanismo, una vez vencidos los plazos legales, abre cuestionamientos sobre el cumplimiento de las disposiciones transitorias y el impacto que esta situación tiene en la garantía efectiva del derecho a la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.
Redacción