El desplazamiento de indígenas de la comunidad de Acteal, municipio Chenlaho, del estado de Chiapas, ocurrido luego de que paramilitares perpetraron una matanza que dejó 45 víctimas en diciembre de 1997, busca ser reconocido por el Gobierno mexicano como un desplazamiento forzado interno por la organización “Las Abejas”.
Este viernes (6), el Consejo de la organización se pronunció frente al Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde dijo que familiares de las víctimas y sobrevivientes exigen el reconocimiento del desplazamiento forzado interno en el contexto de la masacre.
“En México es urgente a sentar un precedente judicial en materia de desplazamiento forzado interno, como violación grave y múltiple de Derechos Humanos porque en pleno Siglo XXI los desplazamientos forzados son el pan de cada día”, dijo a medios, Zenaida Perez Gomez, familiar de una víctima de la matanza.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de Las Abejas -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos-.
Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal.
La organización recordó que desde 1995 los indígenas habían denunciado las agresiones de grupos paramilitares y a partir de mayo de 1997 la historia fue de asesinatos, viviendas y parcelas saqueadas y quemadas para culminar en la matanza en diciembre.
Los desplazamientos forzados siguen
Una de las sobrevivientes de Acteal aseguró que a casi 26 años de distancia “aún existen desplazados de 12 comunidades, que no han retornado por no haber condiciones favorables, sumado a miles de personas más que se están moviendo por culpa de los grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Chiapas”.
El pasado 29 de septiembre abogados de la organización “Las Abejas” presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado que padecieron más de 308 indígenas tzotziles.
“Esto es un esfuerzo, una lucha que estamos haciendo, el beneficio no es para las 308 personas quejosas, si no la idea es sentar un precedente, la idea es buscar que todas las víctimas de desplazamiento forzado y los que están en calidad de desplazamiento también sean beneficiados”, dijo a medios Patrocinio Hernández Gómez, sobreviviente de Acteal.
