Una investigación académica identificó un vacío institucional en el acompañamiento integral a familias víctimas de desaparición, al advertir que la atención oficial se concentra principalmente en el proceso jurídico-penal, dejando de lado el apoyo psicológico, médico y social que requieren los hogares afectados.
Manuel Gutiérrez Tadeo, catedrático de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima (UdeC), explicó que uno de los hallazgos del capítulo incluido en un libro colectivo es la transformación profunda que enfrenta la dinámica familiar cuando un hijo o hija desaparece.
Señaló que la desaparición modifica los roles y funciones dentro del hogar, ya que, en la mayoría de los casos, son las madres o mujeres de la familia quienes asumen el papel de buscadoras, incluso cuando eran el principal sustento económico. “La madre que trabajaba deja de hacerlo para dedicar en promedio 12 horas a la búsqueda”, refirió, lo que genera una reconfiguración interna en la que otros hijos pueden asumir el rol de proveedores, afectando también su trayectoria educativa.
El académico precisó que, además del impacto económico, las familias enfrentan altos niveles de estrés, enfermedades asociadas a la carga emocional y posibles procesos de desintegración familiar. Agregó que, en algunos casos, se descuida la relación con hijas e hijos que permanecen en casa, lo que detona otras problemáticas sociales.
En ese contexto, sostuvo que existe una “invisibilidad social” respecto a lo que ocurre al interior de las familias buscadoras. “La institución se centra en el proceso legal, pero no hay una atención integral que contemple el contexto emocional y social que vive la familia”, apuntó.
Gutiérrez Tadeo consideró urgente fortalecer el andamiaje institucional para brindar atención psicológica, médica y desde el trabajo social, así como implementar peritajes sociales que permitan dimensionar el daño y garantizar una reparación más amplia.
Finalmente, indicó que desde la Facultad de Trabajo Social se plantean propuestas para impulsar una atención integral en coordinación con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de construir mecanismos más sólidos de acompañamiento a quienes asumen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

