Diputados locales y dirigentes partidistas en Michoacán plantearon endurecer sanciones contra menores infractores, incluyendo propuestas como la pena de muerte y castigos a padres de familia, tras el asesinato de 2 maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas.
El legislador independiente Carlos Bautista calificó el caso como un hecho que amerita el máximo castigo y reiteró su postura a favor de legalizar la pena capital, además de responsabilizar a los tutores por el acceso del adolescente de 15 años a un fusil de uso exclusivo del Ejército. Según informa el medio Reforma, sus iniciativas han sido previamente desechadas por el Congreso local al considerarse inconstitucionales.
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, su dirigente Guillermo Valencia Reyes respaldó la necesidad de reformar el sistema de justicia juvenil para aplicar sanciones más severas en delitos graves, al tiempo que cuestionó la supervisión familiar y propuso tipificar con mayor rigor la omisión de cuidados.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a reforzar la prevención y la vigilancia en el entorno familiar, mientras que el colectivo Tejiendo Redes Infancia pidió investigar el caso como feminicidio y evitar enfoques punitivos, al señalar que la violencia en adolescentes responde a factores estructurales y dinámicas sociales.
Con información de Reforma.
