Los líderes indígenas de Guatemala, que llevan 11 días de protestas, aseguraron que continuarán con sus medidas pacíficas tras una reunión sin mayores conclusiones con el presidente del país, Alejandro Giammattei.
“La posición nuestra sigue y se mantiene en pie”, dijo Édgar Tuy, uno de los líderes de la organización indígena 48 cantones del departamento de Totonicapán (oeste), después de salir de Casa Presidencial.
Las protestas empezaron el 2 de octubre y, con casi 100 carreteras bloqueadas a nivel nacional, la población exige la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por interferir en el proceso electoral celebrado en junio y agosto.
Tuy indicó que Giammattei rechazó la opción de pedir personalmente la renuncia de la fiscal general porque supuestamente “estaría fuera de la ley”.
De acuerdo al líder indígena, el presidente les indicó: “Hágalo público: no tengo las facultades de pedirle la renuncia”.
El encuentro tuvo lugar en Casa Presidencial, en el centro de la Ciudad de Guatemala, con 6 líderes indígenas y la mediación de la Organización de Estados Americanos.
Pese a la duración de la reunión, que se extendió por más de tres horas, no se suscribieron convenios ni tampoco alguna hoja de ruta. Tuy precisó que gran parte del encuentro fue para temas y presentaciones “introductorias”.
Independientemente de ello, Giammattei les aseguró a los líderes indígenas que no se reprimirá con violencia a la población.
Miles de guatemaltecos mantienen las manifestaciones desde hace 11 días en más de 100 puntos del país para exigir la renuncia de Porras y la cúpula de la Fiscalía, acusados de intentar revertir los resultados de las votaciones, que dejaron al progresista Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente para el periodo 2024-2028.
Casi 100 carreteras permanecen sin paso este jueves por la noche en todo el territorio guatemalteco, de acuerdo a datos oficiales, mientras que cientos de comercios han cerrado desde el lunes.
El 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a Porras Argueta de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura en enero de 2024.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público no contempla renunciar, según los últimos pronunciamientos de la entidad que dirige.
