El presidente de la Federación Tunecina de Futbol (FTF), Wadie Jary, que ocupa este cargo desde 2012, fue detenido ayer por orden de la Fiscalía por un supuesto caso de corrupción financiera tras una denuncia presentada por el Ministerio de Deportes, informó la agencia estatal TAP.
El presidente del organismo deportivo, de 51 años de edad y médico de profesión, fue reelegido en 2020 para un tercer mandato y es un más que probable candidato a las elecciones del próximo año.
En una entrevista a la radio local IMF, el portavoz del Ministerio, Chokri Hamda, explicó que su departamento “ha interpuesto demandas contra numerosas federaciones deportivas, en el marco de la política seguida por el presidente de la República, Kais Saïed, para luchar contra la corrupción. Estas denuncias han dado lugar a una orden de detención y arrestos, pero el expediente de la FTF ha tenido mayor alcance dada su importancia”.
El detenido, declaró, firmó un contrato con el exdirector técnico de la Federación sin respetar el procedimiento administrativo y la legislación vigente ya que este puesto debe ser nombrado por decreto.
A finales de 2022 la Justicia prohibió abandonar el territorio a Jary por un periodo de 14 meses, medida suspendida el pasado mayo, lo que le impidió asistir a varios eventos internacionales, incluida la Copa Africana de Naciones Sub 20 celebrada en Egipto y en la que participaba la selección tunecina.
Ese mismo año, la FIFA advirtió a la FTT de que los Águilas de Cartago podrían ser excluidos del Mundial de Catar en caso de injerencia del Gobierno después de que el Ministerio de Deportes amenazase con disolver su oficina federal y cambiar a sus dirigentes.
Según la prensa local, pese a la apertura de varias investigaciones contra Jary por amaño de partidos, blanqueo de dinero, malversación de fondos y corrupción; el responsable cuenta con importantes apoyos dentro de los clubes nacionales, así como en la FIFA y en la poderosa Unión de Asociaciones Árabes de Futbol (UAFA), de la que es miembro del comité ejecutivo.
El ministro de Deportes, Kamel Deguiche, anunció el pasado año una “inminente” ley, que todavía no ha visto la luz, para tipificar como delito la manipulación de resultados deportivos, que calificó de “peligro” contra la deontología deportiva después de que la última temporada de la liga profesional de futbol despertara sospechas de corrupción.
“Los partidos amañados son un motor esencial de la corrupción. Una cuestión que implica a la opinión pública y que amenaza la seguridad y la paz social”, defendió Deguiche.
