El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó este martes de “prematura” una negociación política que hizo su Gobierno con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, para convertir en lícita la economía ilegal de la convulsa región del cañón del Micay, en el suroeste del país.
“El Cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza, conquistamos las cumbres, las posiciones dominantes, retiramos de esas posiciones estratégicas al EMC y vino una negociación política, quizás prematura, en mi opinión”, dijo Petro durante la ceremonia del aniversario 132 de la Policía Nacional.
El mandatario dijo que a los disidentes “se les propuso que en lugar de entrar al poblado (de El Plateado, en el municipio de Argelia), disparando, que lo abandonaran” para que entrara el Gobierno “a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano”.
“Si eso lo logramos porque estamos en este momento, yo creo que las posibilidades de paz se abren en Colombia”, añadió el mandatario.
Las Fuerzas Militares llegaron la semana pasada a El Plateado, en el departamento del Cauca, una de las zonas más convulsas y violentas de Colombia, donde el EMC ejerce control sobre la población y es uno de los principales corredores del narcotráfico, para garantizar la seguridad de las elecciones de alcaldes y gobernadores del 29 de octubre.
De hecho, hubo impedimentos para trasladar el material electoral hasta esta zona rural y la llegada de los militares solo se dio después de intentos fallidos por la acción de los disidentes.
Igualmente, este fin de semana unos 200 soldados fueron retenidos y luego liberados en El Plateado supuestamente por órdenes del Estado Mayor Central.
El EMC, principal disidencia de las FARC, tiene desde el pasado 16 de octubre un cese el fuego bilateral con el Gobierno que se extenderá hasta finales de año como parte de una negociación de paz que el domingo declaró suspendida por “el incumplimiento” por parte del Estado a los compromisos asumidos, según ese grupo armado.
