Las políticas de lucha contra la crisis climática en los países que producen casi dos tercios de las emisiones de efecto invernadero aumentaron solo un 1% en 2022, el crecimiento anual más bajo desde el año 2000, lo que refleja una “desaceleración de las ambiciones”, según un estudio de la OCDE.
Esos escasos avances, en un contexto de preocupación por la crisis energética y de aumento de los fenómenos climáticos extremos, contrastan con progresos que se registraban entre el año 2000 y 2021, cuando la acción política climática nacional aumentaba con un promedio del 10% anual.
Esos datos se desprenden de un nuevo análisis publicado este viernes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la adopción y el rigor de las políticas de los 50 países cubiertos por el Marco de Medición de la Acción y las Políticas Climáticas, que incluye a países miembros y aliados.
A nivel individual, el ritmo de las políticas climáticas es muy heterogéneo entre los países estudiados, ya que la crisis energética entre 2021 y 2022 llevó a algunos países a intensificar los esfuerzos en eficiencia energética y renovables, como los de la UE o Chile, pero en otros frenó los planes.
Pero en general la OCDE alerta de que hay que hacer más para alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París.
Esa meta “exigiría que los países de la OCDE y los asociados a la OCDE se comprometieran a una reducción adicional de las emisiones agregadas de alrededor del 30% de sus objetivos actuales de contribución” a nivel nacional para 2030.
“Un total de 104 países y la Unión Europea han adoptado o propuesto objetivos netos cero, pero sólo 26 países y la UE (con 27 en total), que representan el 16% de las emisiones mundiales, han consagrado sus objetivos en sus legislaciones”, lamentó la OCDE en un comunicado.
La OCDE también hace hincapié en que, a pesar de su potencial, aprecia una reducción del uso de instrumentos basados en el mercado -que usan precios y otras variables económicas para incentivar a reducir o eliminar las externalidades medioambientales perjudiciales- tales como el precio del carbono, que consiste en integrar los costes ocultos de los daños causados por las emisiones.
En paralelo a esta ralentización de la iniciativa política en 2022, los fenómenos climáticos extremos se incrementaron y este 2023, además, muestra una profundización de esa tendencia.
En 2022 se registró un fuerte aumento de la población expuesta a temperaturas extremas, que pasó del 24% en 1979 al 46%. Esto se traduce en un empeoramiento de las sequías agrícolas en la mayoría de los países de la OCDE y asociados, con una disminución media del 2.4% de la humedad del suelo.
La exposición de las zonas edificadas a las inundaciones costeras, por su parte, aumentó un 48% en los últimos 20 años y los incendios forestales se intensificaron en una escala “sin precedentes”.
También creció la cantidad de población expuesta a noches de temperatura tropical (por encima de los 20 grados centígrados).
