Centenares de manifestantes de diversas partes de Perú marcharon un año después del autogolpe de Estado fallido del exmandatario Pedro Castillo, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, en una convocatoria que no fue respaldada por la población.
Aunque las protestas, convocadas por organizaciones sociales y sindicatos, no fueron en ningún punto numerosas, sí se reprodujeron en varias partes de la geografía peruana con el motivo común de expresar el descontento con las autoridades.
Al principio de la jornada, hubo pequeñas marchas en ciudades del sur de Perú, donde existe una oposición más fuerte al Gobierno de Boluarte y donde las protestas a principios de año fueron más numerosas.
En Ayacucho y Juliaca, donde decenas de personas murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, se recordó a los fallecidos con pancartas y fotos.
Precisamente, la Asociación de Mártires y Víctimas de la masacre del 9 de enero en Juliaca fue una de las organizaciones presentes en la marcha en la que abundaron las banderas wiphalas, que utilizan pueblos andinos de Perú y Bolivia.
La plaza de armas de Arequipa y de Cuzco también fueron escenario de protestas en las que los presentes pidieron la renuncia de la presidenta, el cierre del Legislativo y nuevas elecciones.
También lo hicieron ciudadanos de Tacna, ciudad fronteriza con Chile, y Abancay, en Apurímac.
También en Lima había convocada una marcha en el centro histórico de la ciudad por diversas organizaciones de derechos humanos, feministas, sindicatos y agrupaciones políticas, como el partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021.
Del mismo modo, hubo marchas en algunos puntos del norte, como en la amazónica ciudad de Iquitos, donde manifestante portaron una pancarta con el lema “Lárguense todos, corruptos”, también en Trujillo, Huancavelica y Chimbote.
Hasta el momento, todas las marchas fueron pacíficas y los gritos más repetidos fueron “Que se vayan todos”, “El pueblo no se rinde” y “Dina asesina”, además, los manifestantes pidieron el cese de la ahora suspendida temporalmente fiscal (general) de la Nación, Patricia Benavides.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un breve mensaje en la red social X (antes Twitter) en la que anunció que observa la situación de derechos humanos ante las manifestaciones convocadas desde el 7 de diciembre.
“Recuerda al Estado la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica, a registrar y difundir incidentes y a que el actuar de las fuerzas públicas se rija por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, señaló.
