El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), magistrado Juan Carlos Montes, advirtió que con el presupuesto que fue asignado al Poder Judicial para el próximo año, no se podrá implementar la nueva reforma al Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar en Colima, especialmente en la parte de la oralidad remota de las audiencias.
“No (podemos lograr la transición) de acuerdo a este presupuesto que nos fue otorgado para este año que viene. Lógicamente es un reto importante y con ese presupuesto no vamos a lograr implementar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, indicó en una entrevista.
En ese sentido, consideró que es un tema que “trastoca a los sectores más vulnerables” de la población, como son las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, por lo que pidió los 3 poderes del Gobierno lo analicen pues es una responsabilidad compartida.
Además, adelantó que el próximo año el reto es transitar hacia un modelo jurisdiccional que permita desarrollar audiencias de manera remota, gracias al apoyo de las tecnologías.
“Tenemos nosotros que irnos, de alguna manera, a que el servicio jurisdiccional ya se haga vía remota. Viene un reto muy importante para todo el Poder Judicial, en el sentido de la reforma al Código de Procedimientos Civiles”, expuso.
Indicó que ya se está haciendo algo parecido en el municipio de Manzanillo, con algunos procesos que se realizan vía remota, precisamente para que no tengan que trasladarse hasta la ciudad de Colima para presentarse las demandas.
En una entrevista con los medios de comunicación, el magistrado presidente explicó que ello es necesario, pues la reforma al Código de Procedimientos Civiles obliga a transitar a la oralidad de las audiencias vía remota y cuyo plazo es de 4 años para lograrlo.
“Lógicamente se necesitan recursos para tal efecto, porque se necesitan salas de oralidad, se ocupa capacitación para los operadores de esas salas de oralidad y también el equipamiento de estas salas”, afirmó.
Resaltó que para la transición de la oralidad en el sistema penal se dio un plazo de 8 años, mientras que en este caso es la mitad, por lo que consideró que será “un gran reto y un tema prioritario para el 2024”.
Finalmente, insistió: “Es un reto muy grande porque la carga que tenemos en el Poder Judicial, el 70% es civil y familiar, en tanto el 30% es penal. Entonces imagínense lo que se viene”.
Redacción