En el espacio de preguntas y respuesta de la conferencia de prensa “Diálogos por la transformación”, la gobernadora Indira Vizcaíno descartó la construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social (Cereso) en la capital del estado.
Anuncio, en ese tema, que se invertirán más de 20 millones de pesos para mejorar las condiciones de seguridad interna del actual Cereso y también para reparar daños generados por el huracán Lidia de octubre del año pasado.
“Daños que se tuvieron cuando el huracán y que es importante, porque había una instalación eléctrica vieja, muy mal atendida y que no se ha resuelto; y la instalación hidráulica, de drenaje y sanitarios, completamente descuidados. Esos son parte de los temas que se estarán atendiendo con este recurso”, detalló.
Mantendrá a titular de SSP
La gobernadora también confirmó que se mantendrá a los mandos directivos y titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, pues consideró que la seguridad es un tema prioritario en su gobierno y cuya estrategia está en permanente evaluación a través de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad.
“Teníamos una tendencia de que se estaban aumentando los homicidios en Colima y Villa de Álvarez, y se han implementado estrategias que nos han generado un impacto en disminución de homicidios. En la zona metropolitana se han logrado contener los homicidios, desgraciadamente, en los últimos meses se generó un detonante distinto relacionado también con la delincuencia organizada, que generó un incremento de homicidios en Manzanillo”.
Agregó que en Manzanillo se tenía una contención importante de homicidios, pero que ahora nuevamente está aumentando, lo cual, dijo, “reajusta” la estrategia para atender ahora ese foco rojo.
Adelantó que es probable que se den algunos cambios en su gabinete, aunque descartó relevos en la Secretaría de Seguridad Pública.
Protección a candidatos
Por otra parte, la gobernadora Indira Vizcaíno informó que se tendrá una mesa de trabajo con la participación de responsables del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Nacional Electoral, además de instancias de seguridad locales, para diseñar el lineamiento de protocolo de protección a candidatos y candidatas.
Precisó que, para obtener una protección de esa naturaleza, las y los aspirantes electorales deben tener ciertos antecedentes, como la presentación de una denuncia o que se confirme cierta situación de riesgo, entre otros factores que se valorarán en el momento de aprobar las peticiones y en cuyo proceso participan las autoridades electorales.
Puntualizó que al Poder Ejecutivo sólo le corresponde brindar seguridad a quienes serán considerados para el citado protocolo.
Vizcaíno Silva explicó que será en marzo o hasta abril cuando se conozca cuántas personas se les estará aplicando ese protocolo de seguridad, en caso de haberlo solicitado.
