Tras señalar que en Colima todavía existen centros en donde se realizan las llamadas “terapias de conversión”, el director de Atención a la Diversidad Sexual y Género de Gobierno del estado, Alejandro Pizano, aseguró que se trabaja para que se proceda por oficio en contra de esos lugares, en donde se ejerce la tortura.
“De acuerdo al marco legal actual, debe de haber una imputación del delito, es decir, que una persona debe hacer la denuncia, porque no se persigue por oficio, justamente es lo que estamos trabajando, para que se persiga por oficio una vez que se demuestre el acto de tortura”, mencionó.
En ese sentido, consideró que el marco legal se debe robustecer para erradicar esas prácticas discriminatorias y de violencia.
Expresó que, aunque luego de que esos lugares se empezaron a nombrar por lo que eran: un delito por ser una forma de tortura, se dejaron de anunciar de manera tan descarada. “Desafortunadamente el año pasado todavía tuvimos un caso de un chico en un centro de rehabilitación, que fue internado por un supuesto consumo de sustancias, cuando en realidad fue para modificar su orientación sexual”.
Lamentó que por dicho caso encontraron una gran área de oportunidad pues muchas veces los jóvenes, sobre todo adolescentes o menores de edad, son sus familiares quienes los llevan a internar en esos espacios, por lo que es muy complicado proceder por la relación filial.
“Se debe avanzar y contemplar la sanción a las familias, primero sensibilizarles, pero cuando tengan una reincidencia sí deben ser sancionados legalmente por violentar a sus propios hijos, hijes, hijas de la diversidad”, indicó.
