Las diputadas y diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado aprobaron decretos en los que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, para establecer el derecho de las personas privadas de la libertad a la educación básica y media superior, como medio para lograr su reinserción a la sociedad.
De acuerdo con un comunicado de prensa, las reformas establecen el deber de las autoridades penitenciarias de incentivar la educación, procurando también el derecho de las personas indígenas que se encuentren privadas de la libertad a la educación bilingüe y acorde a su cultura, al igual que darle a la autoridad educativa la atribución de efectuar disposiciones de acceso, reingreso y permanencia a madres adolescentes y jóvenes adolescentes embarazadas, con la finalidad de que concluyan su educación media superior y superior.
Presentado en tribuna por la diputada Sonia Hernández Cayetano, en el primer decreto aprobado se reforma el Artículo 49 de la citada ley ara quedar de la siguiente manera: “Como un medio para su reinserción a la sociedad, las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior, procurando que esta sea técnica, ajustándola a las condiciones imperantes en el Centro Penitenciario”.
Agrega que “la educación que se imparta en los centros penitenciarios será laica, intercultural, gratuita, con perspectiva de género y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados”.
Asimismo, señala que “la autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza superior, debiendo celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar lo oferta educativa y su calidad”.
En el caso de personas indígenas, establece que “la educación que se imparta en los centros penitenciarios será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua”.
Posteriormente, el diputado David Lorenzo Grajales presentó en tribuna el decreto que reforma el Artículo 26 respecto a “políticas para la inclusión, permanencia y continuidad en media superior, la cual establece que “la autoridad educativa estatal otorgara facilidades pedagógicas de acceso, de reingreso y permanencia a madres y padres adolescentes, así como a personas adolescentes y jóvenes embarazadas, con el objeto que concluyan la educación media superior”.
