El libro colaborativo Vidas desplazadas: la migración en México relata los “muros” que el Estado impone a las personas que llegan al país de manera irregular, según explica en una entrevista con EFE la abogada y coordinadora de la obra, Ana Saiz.
Vidas desplazadas: la migración en México está compuesto por 16 ensayos de profesionales formados en el asunto que reflexionan sobre las políticas migratorias, su impacto en las personas que llegan a México y posibles alternativas a la situación actual.
“Sabemos que estamos poniendo distintos muros. Un muro que es físico, allí está, lo vemos, pero hay otros. (…) Son el burocrático o el militar”, señala.
Esas barreras tanto materiales como invisibles “acorralan” a las personas migrantes porque no se les ofrecen vías para regularizar su situación, en opinión de Saiz.
Así, las dejan a merced de “potenciales riesgos”, como las garras del crimen organizado y la explotación laboral.
En el plano militar, Saiz es crítica con la Guardia Nacional (GN) de México, a la que acusa de jugar un papel de “patrulla fronteriza extendida” de las fuerzas estadounidenses. Y denuncia una “disociación entre lo que se escribe y lo que se hace” en relación con este cuerpo.
Ese organismo lo creó en 2019 el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como un cuerpo civil en sustitución de la Policía Federal, pero con el paso del tiempo se ha militarizado.
De hecho, el dirigente promueve una reforma constitucional para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como ya intentó en septiembre de 2022 con una modificación solo legal, pero la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el cambio.
La abogada insinúa que el Gobierno, con los “uniformes camuflajeados”, las “armas de alto poder” y la actitud de la GN, quiere “asustar” y transmitir que los migrantes “son peligrosos”, algo de lo que la ciudadanía debe protegerse.
El Instituto de Migración
El muro burocrático se levanta en la figura del Instituto Nacional de Migración (INM), que actúa como “brazo ejecutor” de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos.
Además, “no aplica la ley en estricto sentido”.
“Tú ves cómo pueden otorgar visas de trabajo o tarjetas por razones humanitarias y, en otros casos, es imposible que, cumpliendo todos los requisitos, los logres obtener”, acusó.
A esto Saiz le suma el factor económico, “lo caro que es regularizarse” para las personas migrantes y la falta de presupuesto para algunas instituciones migratorias con mucha incidencia.
A su parecer, el discurso del mandatario fluctuó de una acogida prácticamente total a la migración, sobre todo durante la campaña presidencial de 2018, hacia “un poco no saber resolver” la cuestión durante su presidencia.
Seguridad humana y abordar la problemática
Ante ese panorama, la coordinadora receta a las instituciones transitar de la perspectiva de seguridad nacional, que imprime en la Policía “un enfoque y una preparación militar”, hacia la de seguridad humana.
“(Este concepto) tiene más que ver con procurar el bienestar de las personas, (…) que puedan vivir en libertad, hacer sus planes de vida con la tranquilidad de que viven en un Estado de derecho”, desgrana.
También pide al Gobierno que surja de las elecciones del 2 de junio que “se adentre” en la problemática “para poderla entender y tomar decisiones” a partir de criterios sólidos y que beneficien a la migración.
Finalmente, se muestra esperanzada en lograr un cambio de mentalidad en el ámbito local, pues a escala nacional “el discurso está tan politizado y mediático” que lo ve “muy difícil”.
Para llegar a este nuevo estadio, Saiz pone en valor el carácter de “país de migrantes” que tiene México y agrega un componente de individualización en la ecuación migratoria.
“Creo que lo primero que tenemos que apostar es a no simplificar (…), a verlo con un poco más de complejidad y de manera no generalizada, no todo el mundo viene por la misma razón”, zanja.
