Mientras exista impunidad para las y los violadores de derechos humanos, será imposible avanzar hacia el verdadero Estado de derecho y vivir en una sociedad democrática, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, Roberto Ramírez.
Al acudir este miércoles a rendir su informe anual de actividades, Roberto Ramírez se refirió a varios casos donde por la falta de medicamentos en los hospitales públicos, han fallecido algunas personas y unas más están en grave riesgo por no estar recibiéndolos, entre ellos enfermos de cáncer.
Roberto Ramírez les hizo la petición a las y los legisladores para hacer un llamado y que no falte nunca ningún medicamento a ninguna persona del estado que lo requiera, ante cualquier padecimiento que tenga.
En otra parte de su informe, Roberto Ramírez hizo un reconocimiento a Pastora Ferráez Lepe, de quien dijo que en Colima no se puede hablar de la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres, “ni tampoco se puede hablar de ese acompañamiento efectivo y oportuno a todas, todos y todes, los integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+, sin también hacer referencia a Lovelia, que el año anterior recibió el premio Eleanora Roosevelt y que no fue un reconocimiento otorgado por la Comisión, sino por el pueblo de Colima”.
Asimismo, agradeció a Carmen Nava, quien en el año 2023 falleció, pero que a través del CAM mantuvo una lucha permanente por más de 40 años.
Trabajo realizado
Por otra parte, Roberto Ramírez destacó que en este periodo, en lo referente a la atención, recepción, trámite y resolución de expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, se aperturaron 790 expedientes, se concluyeron 822 a través de los distintos mecanismos con los que se cuentan, además se resolvieron de manera satisfactoria mediante gestión u orientación 394 asuntos, los cuales quedan documentados y registrados, sin la necesidad de que se abra un expediente de queja y siga todo el procedimiento establecido.
Añadió que los principales derechos presuntamente trasgredidos fueron: derecho a la legalidad, derecho a la seguridad jurídica, derecho al debido proceso, derecho de acceso a la justicia, derechos a la integridad personal y derechos a la salud.
Las autoridades estatales más señaladas por presuntas violaciones a derechos fundamentales fueron: la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación y Cultura, el Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaría de Salud y CIAPACOV.
Asimismo, informó que en el periodo que se informa se remitieron 167 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ser actos atribuibles a autoridades del ámbito federal.
En el caso de las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, “tenemos que, al momento de solicitar la apertura de un expediente, 114 se identificaron como niños, niñas o adolescentes; 32 víctimas de delito; 83 privadas de su libertad; 87 adultos mayores; 27 mujeres víctimas de violencia de género; 19 personas con discapacidad; 14 personas de la comunidad LGBTTTIQA+; personas desaparecidas 7 y 5 periodistas”.
El presidente de la CDHEC aprovechó para resaltar la importancia especial que han tenido las denuncias públicas hechas a través de los distintos medios de comunicación, “lo que nos ha permitido atender con mayor prontitud los asuntos que acontecen en el estado y que requieren la intervención de la Comisión”.
Roberto Ramírez agradeció y reconoció a todas y todos los integrantes de los medios de comunicación por el trabajo profesional que realizan todos los días, “ya que para que un estado sea considerado democrático, es fundamental que los medios de comunicación tengan plena libertad de investigar, documentar e informar sobre el quehacer gubernamental, en condiciones de seguridad, solo así podemos decir que está garantizado el derecho de libertad de expresión y de prensa”.
Numeralia…
En el año que se informa, la Comisión realizó 88 inspecciones, 98 visitas a centros penitenciarios, 40 visitas domiciliarias, 7 recursos de inconformidad, 12 medidas cautelares, 37 recursos de exhibición de personas, 14 recomendaciones, 132 diligencias de procedimiento en centros de reclusión, 4 apoyos a Ceresos dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la CNDH, 1 documento de No Responsabilidad, 43 reuniones de la Coordinación Interinstitucional y Sociedad Civil, se atendieron 124 llamadas al celular de emergencias y 260 mecanismos de restitución inmediata de derechos.
A la sesión solemne donde se rindió el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos, no acudió la gobernadora Indira Vizcaíno; en su representación estuvo la encargada del Despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del estado, Zalia María Gutiérrez Anguiano.
Con la representación del Poder Judicial acudió la magistrada Ana Lilia Hernández Suárez, asistiendo además representantes de la XX Zona Militar, así como de la Secretaría de Marina; el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Pinto; el subsecretario de Cultura, Emiliano Zizumbo; el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez, entre otros.
