Al ser cuestionada directamente sobre las reformas más controversiales del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva manifestó su respaldo para que desaparezcan los institutos autónomos, la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena y que los juzgadores del Poder Judicial sean elegidos por voto popular.
Durante la conferencia de prensa “Diálogos por la Transformación”, la mandataria refirió que en el caso de los institutos autónomos generaban un efecto negativo, “pues hacían los procesos más burocráticos, más lentos y al servicio de algunos, más allá de estar al servicio de la población”.
Con eso, dijo la gobernadora, “desaparece esa fachada, y todas las atribuciones, todas las funciones, todas las acciones de transparencia y demás se reasignan a las secretarías y dependencias al gobierno que correspondan”.
Afirmó que así no se dejarán de llevar a cabo esas funciones que son indispensables para el Gobierno y para el beneficio de la sociedad, aunque aclaró que éstas se “reinstalarán a las dependencias que se atribuían, y habrá un cuidado escrupuloso de la personas que laboraban o están estos institutos, por lo que se va a cuidar que una vez aprobadas estas reformas se cuiden sus derechos”.
Referente a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que dependa de un mando militar y no civil, la gobernadora rechazó que con esto se vaya a militarizar la seguridad pública.
“Hablar de militarización me parece que no es exactamente el término, pero sí implica que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y no de un mando civil, porque lo que se busca es que la formación de los integrantes de la Guardia Nacional sea con esta lógica que se tiene en nuestras Fuerzas Armadas, apegadas a principios, apegado a la necesidad de tener por encima un interés superior que el cuidado de nuestra nación y nuestra patria”, refirió.,
Destacó que estas instituciones tienen el mayor nivel de aprobación de las y los ciudadanos, por lo que apoyó también esta reforma.
Finalmente, en cuanto a la elección de ministros, ministras, magistrados y magistradas por voto popular, refirió que el presidente lo ha planteado durante meses y es acorde a la lógica de que el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita.
“Si nosotros aspiramos a tener un poder judicial cada vez más autónomo y que realmente atiende en términos de justicia las decisiones que se tienen que tomar desde los mismos, eso implica que jueces, magistrados y ministros puedan estar sujetos al escrutinio público”, aseveró.
Por otro lado, la gobernara ponderó la reforma a pensiones, cuyo tema dijo requerirá un análisis profundo, aunque reconoció que es una reforma que beneficia a las y los trabajadores, además de que se anticipa a desactivar una bomba de tiempo.
Puntualizó que las Afores dan sólo un 30 o 40% de lo que dieron toda su vida, por lo que no garantiza sus necesidades y genera una injusticia, propiciando que más personas no quisieran jubilarse ni que se materializara ese derecho a la jubilación digna.
Reconoció que el presidente se está anticipando a esta situación que afecta a las y los trabajadores, y aprovechó la gobernadora para criticar al ex presidente Ernesto Zedillo por haber impulsado, en su momento, una reforma que desmanteló la protección del estado a la población en el tema de pensiones.
Criticó que los especialistas neoliberales, por décadas, recomendaron no incrementar el salario mínimo por consecuencias negativas, lo cual se desmintió porque, dijo, este gobierno incrementó históricamente los salarios mínimos sin afectaciones a la clase trabajadora.
Redacción