La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso al menos 6 condiciones para concretar la compra de 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola por el Gobierno federal.
“El cumplimiento de estas condiciones garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada”, indicó el regulador antimonopolios mexicano en comunicado.
Las condiciones se imponen luego de que el 12 de junio de 2023 Iberdrola firmó el acuerdo de venta de 13 plantas de generación eléctricas al mayor administrador de fondos del país, la estatal Mexico Infraestructure Partnerts (MIF) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un valor de 6 mil millones de dólares y que le aportarían 8,539 megavatios (MW).
El anuncio de esta adquisición se dio el 4 de abril del año pasado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró la compra como una “nueva nacionalización”, al otorgar al sector público el 54% de la generación eléctrica en el país.
La Cofece resaltó que las cláusulas obligan a los compradores, MIF y Fonadin, a operar las plantas de manera independiente y evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores.
En este sentido, impuso a los compradores reducir y mantener su inversión en un máximo de 51%, a concretarse en no más de 2 años.
Así como designar a un administrador profesional independiente para la toma de decisiones relativas a la operación de las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica compradas a Iberdrola.
También pidió establecer controles y mecanismos para que su administración se base en decisiones tomadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes.
Y para obligar a que la operación de dichas centrales de generación se dé con independencia y sin conflicto de interés.
Por su parte, para evitar que exista intercambio de información sensible, demandó designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación.
Además, exigió a los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas abstenerse de tener cargos en alguna otra empresa competidora, sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años.
“De tal manera (…) las plantas de generación eléctrica operarán de manera autónoma e independiente en el mercado; sin injerencia o comunicación con sus competidores”, indicó.
El organismo autónomo precisó que estas condiciones tienen una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por la Cofece.
Aparte, en un comunicado, el Gobierno mexicano dijo que la “autorización establece compromisos para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión, para asegurar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia”.
Así como “en beneficio de los consumidores, al mismo tiempo que el Estado mexicano recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional”.
Además, celebró que con esta decisión se alcanza el objetivo del Gobierno mexicano de contar con el 54% en la generación eléctrica del país, “recuperando presencia de mercado en áreas estratégicas para la relocalización de empresas que hoy vive México”.
