El Gobierno de México ofreció mediar en la huelga de Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeño del país, la cual ocurrió por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo, que los directivos defienden con el argumento que evitará la quiebra.
En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral manifestaron su voluntad para “dar continuidad a los esfuerzos de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y que le dé viabilidad” a la institución que suma más de 246 años de historia.
Las dependencias se pronunciaron así ante la huelga del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el cual afecta a cerca de 300 sucursales del país y unos 2,300 empleados.
Esto, luego de que los trabajadores acusaran a la empresa de “romper” el diálogo de forma “extraña”, tras rechazar la prórroga de un día más de negociación que pidieron el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el sindicato.
El nuevo contrato colectivo, según el sindicato, contemplaba reducir el 18% de la plantilla y la “jubilación potenciada” para 352 trabajadores, con antigüedades de entre 10 y 20 años.
Además, la organización denunció el despido injustificado de 400 trabajadores desde que inició el conflicto, lo que implicaría que el sindicato en realidad perdería más del 40% de sus plazas.
El conflicto se agudizó en junio pasado, cuando los directivos del Nacional Monte de Piedad de México, fundado en 1775, advirtieron de que quebraría en 2027 si no cambiaba el contrato colectivo.
La STPS reveló en su comunicado que en diversas ocasiones la empresa y el sindicato acudieron a la dependencia para buscar la mediación en el conflicto.
Sin embargo, “a pesar de intensos meses de negociación y de haberse alcanzado acuerdos en temas sensibles, el sindicato y la institución no alcanzaron un acuerdo, lo que llevó al estallamiento de la huelga”, lamentó.
El paro de labores refleja el nuevo panorama laboral en el país tras las reformas que permitieron mayor democracia sindical como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde 2020.
