Un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) infringiría las leyes climáticas comunitarias e internacionales al llevar aparejado un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, advirtió la sección alemana de Greenpeace.
Esto implicaría que un Gobierno europeo o el propio Parlamento Europeo (PE) podrían llevar el acuerdo, que aún no está cerrado, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), indicó la ONG en un comunicado.
“En 2024 no solamente sería moralmente irresponsable para la UE firmar un acuerdo responsable de cantidades masivas de CO2 y de la destrucción de ecosistemas enteros, también sería ilegal”, previno la experta de comercio de Greenpeace, Lis Cunha.
Según un análisis legal encargado por la organización ecologista, el acuerdo -al que se oponen vehementemente países como Francia e Irlanda- no cumpliría con los requisitos legales ambientales formulados por una serie de tratados, entre ellos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o los Acuerdos de París.
“Nuestro análisis demuestra que la versión actual del acuerdo Mercosur-UE simplemente no puede ser firmado o ratificado por las instituciones europeas”, declaró Roda Verheyen, una de las autoras del análisis, y advirtió que realizar cambios a modo de “parches” no sería “suficiente”.
Aunque el borrador del acuerdo menciona los compromisos internacionales en materia de biodiversidad, deforestación o cambio climático, no tiene en cuenta, según la ONG, el “devastador” impacto de un incremento masivo del comercio entre ambos bloques.
El estudio de sostenibilidad del acuerdo contempla que el incremento de las emisiones, que se concentraría en Argentina, Brasil y la UE, quede compensado por reducciones de emisiones en el resto del mundo.
Pero estas proyecciones no tienen en cuenta el aumento de las emisiones que causarán los cambios en el uso de tierras y la deforestación en los países del Mercosur, y subestiman el incremento provocado por el transporte de las mercancías, argumenta el análisis de Greenpeace.
