La Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) impugnaron el amparo que el pasado 20 de febrero le devolvió la libertad a Emilio Lozoya.
Según publica Reforma en su edición digital, las dependencias presentaron el pasado martes sus respectivos recursos de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, órgano que dictó la sentencia en favor del exdirector de Pemex, señalan registros judiciales.
Dichas impugnaciones serán turnadas a un Tribunal Colegiado en Materia Penal para que resuelva en definitiva si prevalece o no la medida cautelar que permitió al exfuncionario abandonar el Reclusorio Norte, donde estuvo preso más de 2 años.
Lozoya llegó extraditado a México, procedente de España, el 17 de julio de 2020 y, aunque fue vinculado a proceso, en un principio llevó su procedimiento en libertad, con el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del área metropolitana y del país y su presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Eso cambió el 3 de noviembre de 2021, cuando un juez federal ordenó encarcelarlo en el Reclusorio Norte, en una audiencia en que la FGR pidió el cambio de medida cautelar, a raíz de que el presidente Andrés López Obrador criticara las fotografías del acusado en el restaurante Hunán de las Lomas de Chapultepec.
El pasado 19 de febrero el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Tribunal de Apelación, concedió el amparo y protección de la justicia a Lozoya contra la prisión preventiva justificada y al día siguiente, en cumplimiento a esa sentencia, un juez de control lo dejó en libertad bajo las mismas medidas cautelares a las que estaba sometido antes de ser apresado.
El impartidor de justicia argumentó que la FGR no acreditó que la cárcel era una medida que garantizaba que el acusado no se evadiera de la justicia y afrontara su proceso por el Caso Odebrecht, el único que hoy tiene en curso.
En su resolución, el magistrado cuestiona la actuación contradictoria de la Fiscalía, por usar a su conveniencia las pruebas para justificar la prisión preventiva.
En particular, precisó Reforma, se refirió a un informe policial que menciona que la entonces esposa del acusado, Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, vive en el extranjero y pertenece a una familia con altos recursos económicos, un elemento que la FGR refirió como un incentivo para la fuga de Lozoya.
El magistrado puntualizó que ese documento ya lo tenía la Fiscalía desde que Lozoya llegó de España en el 2019 y no lo utilizó en su contra cuando lo vincularon a proceso y le definieron por vez primera la medida cautelar.
En aquel momento la FGR consideró que no era necesaria la prisión preventiva y 2 años después estimó lo contrario, con base en un dato objetivo que ya existía desde que el exfuncionario pisó territorio nacional.
Con información de Reforma
