El Ejecutivo argentino mencionó este lunes ley y firmeza como armas para combatir al narcotráfico en la ciudad de Rosario, que en la última semana vivió un recrudecimiento de la violencia asociada al crimen organizado, con la muerte de 4 inocentes en respuesta al endurecimiento de la política carcelaria.
En una rueda de prensa celebrada en esa localidad, la tercera más poblada del país, los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador de la provincia de Santa Fe (centro-este), Maximiliano Pullaro; y el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, resaltaron la unidad de acción de los Gobiernos nacional y local para combatir a lo que ya denominan “narcoterrorismo”.
Además de resaltar el trabajo desarrollado en el terreno desde que asumió el Ejecutivo de Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, y de exponer los lineamientos del Comité de Crisis, creado el 8 de marzo en medio del aumento de crímenes en Rosario, la también excandidata a la Presidencia argentina detalló las medidas legislativas con las que cuenta el combate contra el narcotráfico.
Se aplicará la ley anterrorista (Ley 26.734, modificada en 2011, que fue sancionada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo), que permite el endurecimiento de penas; y se trasladará al Congreso la petición de “una ley antimafia o antibanda”, al estilo de la que se creó en Italia.
Junto a estas medidas, la titular de Seguridad insistió en la necesidad de “trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos, que no está en los barrios humildes, sino en los de alta capacidad económica”.
“Ir a fondo contra el dinero es una manera de desestructurar ese capital de compra, de extorsión, que tienen las bandas que utilizan en las cárceles para otros presos y en la calle para comprar sicariatos y para comprar funcionarios en cualquier nivel del Estado. Ninguno de nosotros está exento. Todos tenemos que luchar contra esto”, afirmó la ministra.
Haciendo gala de su política de “mano dura”, que defendió durante toda la campaña electoral y en la que coincide plenamente con Milei, Bullrich destacó que en esta “guerra sin cuartel” que se desarrolla contra las bandas narcotraficantes, “el que tiene miedo es un peligro, porque el que tiene miedo no puede actuar” y, por tanto, “quedará apartado” del operativo.
Por su parte, el ministro de Defensa confirmó que “en las próximas 24 horas van a estar llegando (a Rosario) personal, vehículos, transporte, ingenieros, logística de comunicación para posibilitar auxiliar y cooperar con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.
Entre la noche de este lunes y el martes llegarán a Rosario miembros de las 4 fuerzas federales de Seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a quienes se unirá este despliegue de las Fuerzas Armadas. No obstante, estas no pueden traspasar el límite establecido por la ley de seguridad interior: no pueden patrullar, portar armas o efectuar detenciones.
“Estamos absolutamente convencidos (de) que le vamos a ganar al narcotráfico, pero para ello es absolutamente imprescindible que trabajemos mancomunadamente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de bien”, indicó.
Tanto Javkin como Pullaro confirmaron la firmeza de este combate al narcotráfico, que “no permite ningún retroceso”, en palabras del primero.
“La decisión política es firme, es con todos los recursos y es en pos de recuperar la paz ganándole al terror, no flaqueando ni negociando con él”, dijo Javkin.
Pullaro, quien ha sufrido varias amenazas contra él y su familia desde que asumió el cargo, en diciembre pasado, insistió en “seguir adelante” con estas políticas “para lograr encontrar los niveles de paz y convivencia” que necesita Rosario.
Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, ha vivido en la última semana un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, con la muerte de 2 taxistas, un conductor de autobús y un trabajador de una gasolinera, ninguno de ellos con vínculos previos con el crimen organizado.
Los ataques fueron una respuesta de las bandas que operan en la zona a las medidas de control en las cárceles al “estilo Bukele” puestas en marcha por el Gobierno provincial, con el apoyo del Ejecutivo nacional.
