Un helicóptero militar de Ecuador recibió 9 disparos de armas de fuego de largo alcance durante un sobrevuelo a un laboratorio de procesamiento de cocaína que las Fuerzas Armadas habían ubicado cerca de la frontera con Colombia.
Los impactos de las balas alcanzaron el fuselaje de la aeronave sin llegar a comprometer la vida de la tripulación ni su funcionamiento, según reportó este jueves el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
El incidente ocurrió a las en el sector de El Derrumbe, perteneciente al cantón (municipio) de San Lorenzo, de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, situada en la costa norte del país y limítrofe con Colombia.
Esta zona es un punto caliente de las bandas criminales de Ecuador y también de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al aprovechar la zona como corredor para el traslado de cocaína hacia las costas y puertos ecuatorianos.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador difundió unas imágenes en las que se aprecia dos disparos de grandes dimensiones en la parte inferior de la cola del helicóptero, así como otro más en la parte inferior izquierda de la cabina.
El helicóptero, un modelo Fennec de matrícula AEE-384, trasladaba al lugar a un grupo militares expertos en neutralización de artefactos explosivos.
“Frente a este hecho, la tripulación ejecutó una maniobra de vuelo para retornar hacia el cantón (municipio) de San Lorenzo”, detalló en otro comunicado el Ejército ecuatoriano.
“La pericia de los pilotos y el profesionalismo de los soldados permitieron cumplir con el objetivo de la operación militar, sin tener que lamentar pérdidas humanas”, añadió.
Este incidente se dio en pleno estado de excepción y “conflicto armado interno” declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Con esa medida también ha pasado a militarizar las cárceles para arrebatar el control de estas a las bandas, que se habían apoderado de ellas y las habían convertido en el epicentro de la crisis de inseguridad que ha llevado al país andino a ser uno de los más violentos de Latinoamérica.
Con más de 500 presos asesinados en las prisiones desde 2020 en una serie de masacres fruto de la rivalidad entre bandas criminales, esa violencia también saltó a las calles hasta cerrar el 2023 con una tasa de unos 45 homicidios por cada 100 mil habitantes.
