Las detenciones arbitrarias, robo, extorsión, violencia sexual, tráfico y secuestro contra migrantes que llegan a Ciudad Juárez, provocaron la intervención de la comunidad empresarial, que invertirán 5.5 millones de pesos para apoyar a organizaciones que defienden a la población en movilidad.
Blanca Navarrete, coordinadora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), dijo a EFE que han detectado muchos casos de delitos contra la comunidad migrante.
“Es una situación muy compleja de violencia. Es un continuo desde las comunidades de origen, sean mexicanas o de países como Honduras o Venezuela, con patrones muy marcados de violencia”, indicó la activista.
Programas integrales
Empresarios de Ciudad Juárez anunciaron que invertirán inicialmente 5.5 millones de pesos durante 10 meses en programas de apoyo a migrantes debido a la creciente violencia que enfrentan.
Estos programas también buscan mejorar el estado de salud física y emocional en el que llegan, darles herramientas educativas a los niños y adolescentes, así como brindar trabajo y habilidades laborales a personas migrantes mayores durante su estancia en esta ciudad.
Omar Reyes, consejero del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad (Ficosec) en la Zona Norte de Chihuahua, una organización que administra fondos empresariales destinados a programas sociales, dijo que los fondos son aportados por todas las empresas formales de Chihuahua a través de una sobretasa al Impuesto Sobre Nómina.
Apoyo a las víctimas
Navarrete lamentó que estos delitos contra migrantes se dan en todo México y señaló que a veces son perpetrados por las propias autoridades.
Su organización, explicó, acompaña a las personas en movilidad a lo largo de la denuncia con asesoría legal.
“Todo esto obviamente tiene un impacto psicoemocional en las personas, hay muchas situaciones médicas que nosotros en la organización atendemos y que son resultado del estrés postraumático, la ansiedad”, agregó la directora de DHIA.
