La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se anule la sentencia de 10 años de cárcel que le fue impuesta a la exmandataria el año pasado por el caso “golpe de Estado II”.
“Este es un recurso extraordinario que justamente en el caso de la exmandataria amerita interponerlo porque son varios los agravios, son varias las vulneraciones”, dijo a medios locales el abogado Luis Guillén.
Guillén señaló que “de no tener una respuesta favorable de parte del Tribunal Supremo de Justicia” acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras agotar las instancias correspondientes en la Justicia boliviana.
La exmandataria interina fue inicialmente detenida, en marzo de 2021, por el caso conocido como “golpe de Estado I”, en el que se le acusa de terrorismo por la crisis de 2019 en Bolivia, del cual derivó el “golpe de Estado II”, entre otros procesos.
Por ese caso un tribunal de sentencia la condenó a mediados del año pasado a 10 años de cárcel, por haberse puesto de manera ilegal en la línea de sucesión presidencial, y luego una Sala Penal de La Paz confirmó esa resolución.
Áñez dijo a través de sus redes sociales, que son manejadas por su familia, que presentó este recurso “demandando nulidad tanto de la sentencia como del auto de vista en mi contra, por incompetencia de jueces ordinarios para juzgar a una expresidenta y la injerencia política negándome #JuicioDeResponsabilidades”.
La expresidenta interina tiene al menos otros 7 procesos abiertos en la justicia ordinaria.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
El Gobierno argumenta que Áñez debe ser juzgada en los procesos ordinarios debido a que la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades vigentes no incluyen la segunda instancia, contrario a lo que indica el Pacto de San José, que reconoce el derecho de “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
