Un colectivo de docentes se concentró este lunes ante el Ministerio de Educación, en Quito, para protestar contra lo que consideran un “proceso de militarización” en Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa declarase el “conflicto armado interno” contra las bandas del crimen organizado, a las que llama “terroristas”.
Se trata de más de 150 docentes de 21 universidades de Quito, Cuenca, Esmeraldas y Guayaquil y otros docentes de América Latina, Estados Unidos y Europa que rechazan la “militarización, represión y racismo” que, en su opinión, ha provocado la declaratoria de “conflicto armado interno”, tras la cual Noboa calificó de “terroristas” a 22 bandas criminales.
“El proceso de militarización que buscaría contrarrestar la violencia delincuencial rebautizada como ‘terrorista’, está generando más violencia de la que pretende combatir”, según los manifestantes.
Los docentes sostienen que la solución a los problemas de inseguridad del país “no pasa por armarse, generar más violencia, sucumbir a la arbitrariedad y al irrespeto a los derechos humanos”.
“Las soluciones complejas que necesitamos pasan por exigir otras políticas y otros enfoques que nos permitan recomponer los vínculos, también desde la educación”, sostienen en un comunicado.
Apuntan que la incursión policial del 5 de abril en la Embajada de México en Quito, para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, demuestra “que el Gobierno ha tomado la política de la militarización y la fuerza represiva como única salida”.
“Esto es algo que se ha diseminado en territorios que resisten a la minería, en barrios populares y comunidades, afectando principalmente a personas empobrecidas y racializadas”, añaden.
Y opinan que la consulta popular del próximo domingo sobre temas de seguridad, justicia y empleo, “busca radicalizar esta situación por medio de plantear preguntas que refuerzan aún más la militarización de la sociedad y que precarizan la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país”.
Para Verónica Potes, investigadora independiente presente en la manifestación, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido “muy complejo con respecto a la democracia”.
Señaló que, tras las protestas sociales de octubre de 2019, las Fuerzas Armadas “comenzaron a exigir más abiertamente un marco legal para garantizar” su intervención en el orden interno, lo que Potes interpreta como un “marco legal que asegura impunidad”.
Denunció que, al inicio del estado de excepción, decretado el 8 de enero y que terminó a principios de abril, los propios militares hicieron circular vídeos en los que se veía que a los detenidos les obligaban a cantar y los tenían en el piso “y lo que se le ocurriera al capturador de turno”.
Potes cree que la ciudadanía, “lamentablemente aterrada” por los niveles de violencia, aplaude las acciones de los militares sin cuestionar.
Jonathan Baez, docente de la Universidad Central de Ecuador, aseveró que la academia no puede callar ante la desigualdad y la criminalización de la pobreza.
Michelle Mantuano, estudiante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseveró que están organizados y comprometidos “contra la declaratoria de guerra de este Estado que persigue y castiga a la gente empobrecida”. “Sabemos que la lucha crea movimiento y aquí estamos para eso, para denunciar cómo
