Ante el incumplimiento contractual por parte de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Colima-Villa de Álvarez (Ciapacov), que ha dejado de pagar más de 86 millones 306 pesos a la empresa Ecosistema de Colima, S.A. de C.V., encargada de operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ésta ha notificado tanto a la Ciapacov, como a la gobernadora Indira Vizcaíno, presidenta del Consejo de Administración del organismo operador de agua, que existe la posibilidad de que ya no continúe con la operación de la planta de tratamiento y ello derive a la inevitable contaminación del río Colima.
Lo anterior, le fue notificado a la gobernadora Indira Vizcaíno mediante oficio dirigido a Nanci Esmeralda Montenegro, encargada del despacho de la Ciapacov, fechado el 1 de abril y recibido en el despacho de la titular del Ejecutivo el mismo día, donde se le notifica del asunto y se requiere formalmente el pago de las estimaciones adeudadas.
Además, se le informa del “inminente riesgo ambiental y social que se está generando en el estado de Colima, como consecuencia de los incumplimientos de Ciapacov”.
El apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Ecosistema de Colima, S.A. de C.V., Héctor Raúl Vizcarra Pascual, señala mediante otro oficio fechado el 5 de abril, que se requiere formalmente a la Ciapacov el pago de la cantidad de 86 millones 306 mil 045 pesos, por concepto de las estimaciones adeudadas.
Dicha cantidad deberá cubrirla Ciapacov a favor de ECSA, a través del Fideicomiso dentro de los 15 días siguientes a la notificación del presente requerimiento de pago.
De acuerdo con el oficio enviado por ECSA, “Ciapacov no ha cubierto la contraprestación, durante más de 8 meses consecutivos, por lo que, a esta fecha se ha actualizado la causal de rescisión por causas imputables a Ciapacov… por lo que ECSA se reserva su derecho a demandar la rescisión del CPS, a través de las vías legales correspondientes”.
En tal virtud, señala el documento, ECSA hará del conocimiento de la autoridad del Agua, la problemática ambiental para todos los efectos legales conducentes, reservándose asimismo el derecho a hacerlo del conocimiento de las autoridades ambientales competentes, incluyendo sin limitación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
