Defensores de derechos humanos y migrantes calificaron de “ilegales” e “inhumanos” los crecientes operativos que el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza en el desierto de la frontera norte de México.
EFE documentó una detención en mitad de la carretera que va de Chihuahua a Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso (Texas), donde un hombre dijo venir deshidratado y con toda su familia tras más de 400 kilómetros de caminata a través del desierto.
“Ayúdame, Dios. Desde dónde venimos caminando, viejo. Ay, amigo. Vamos, vamos, ya déjame ir con mi hijo, quiero ir con mis compañeros. Mi hermano, déjame ir con mis hijos, mi señora”, expresó un migrante, que no pudo compartir su identidad, interceptado por un agente del INM.
El oficial se limitó a detenerlo, a mantenerlo inmóvil y a decirle que lo reuniría con su familia, a la que también estaban persiguiendo otros 2 funcionarios.
Más detenciones y más peligro
El abogado Ernesto Vasconcelo expuso a EFE que las persecuciones y detenciones que realiza el INM en las carreteras, los autobuses y los aeropuertos son “ilegales y anticonstitucionales”, y orillan a los extranjeros a enfrentarse a rutas peligrosas como el desierto.
Vasconcelo, un inmigrante venezolano que llegó a Ciudad Juárez hace más de 2 décadas, estudió Derecho y se especializó en migración, sostuvo que el INM viola la Constitución, la Ley de Migración y acuerdos internacionales.
“No tiene Migración facultades para hacer una detención en una carretera, en un punto de revisión, porque estaría coartando ese derecho de toda persona de poder transitar todo el territorio nacional sin necesidad de documentación específica”, señaló el abogado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la semana pasada una recomendación al INM “tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la legalidad, así como al debido proceso” durante la detención de 2 migrantes venezolanos en Chiapas.
El organismo autónomo del Gobierno denunció que el INM detuvo a los venezolanos y otras familias migrantes que viajaban en un transporte público.
El abogado Vasconcelo argumentó que el INM tiene la obligación de controlar el ingreso y salida de los extranjeros en el país, pero solo en los puertos de entrada y, cuando una persona ya está dentro del territorio nacional, los agentes deben respetar los derechos humanos, como el libre tránsito y no ser molestados.
“¿Por qué un inmigrante no puede tomar un bus o un avión y trasladarse del punto A al punto B? Porque el Gobierno mexicano prohíbe el uso de estos transportes, entonces no le queda otra opción al inmigrante que tomar estas rutas ilegales y peligrosas del desierto, caminar por las carreteras”, cuestionó.
La presión por resolver la crisis
El Gobierno de México ha reforzado este año los controles tras el aumento del 77% en la migración irregular en 2023, cuando detectó más de 782 mil migrantes en esta situación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el mes pasado que los encuentros diarios de migrantes en la frontera con Estados Unidos cayeron casi un 55% de diciembre a marzo.
Vasconcelo pidió a la CNDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar el actuar del Gobierno mexicano con los migrantes.
“Un inmigrante no tendría que caminar una carretera con temperaturas extremas, exponiendo su vida, su salud, la vida de los niños, su integridad”, manifestó.
