Un total de 727 trabajadores del Gobierno de México y el sector público presentaron el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, que este miércoles (1) puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, vía decreto.
El miércoles (1) entraron en vigencia las reformas que dan origen al Fondo de Pensiones del Bienestar, que mediante un decreto hizo oficial López Obrador y con el que busca asegurar una tasa de retiro del 100% para los trabajadores que ingresaron a la formalidad desde 1997 con un tope de casi 17 mil pesos.
La primera acción legal contra la reforma a las leyes que crean el nuevo fondo de pensiones fue presentada a través de la firma Trusan & Roma Abogados, despacho que dio a conocer sobre la demanda de amparo a través de sus redes sociales.
“Las 727 personas que pertenecen, tanto al sector privado como al sector público (…) están presentando esta demanda de amparo, porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras (de fondos para el retiro, afores)”, mencionaron los litigantes en un video publicado en redes sociales.
La firma de abogados mencionó que la reforma a las leyes que dan vida al nuevo fondo de pensiones “es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Los abogados de la firma también anunciaron que no será la primera demanda que presenten, pues anticiparon que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Estado se unirán a un nuevo amparo colectivo en contra de la reforma impulsada por López Obrador.
“Anunciamos que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Guardia Nacional (GN), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados”, amagaron.
La reforma busca allegarse de recursos de cuentas inactivas en las afores de personas con más 70 años en caso de trabajadores del sector privado y de 75 en el público que no se han reclamado.
Asimismo, la oposición también anticipó que presentará acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que entró este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, al considerar que el Gobierno mexicano quiere robarse ese dinero para sus propios fines.
