Un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia de este miércoles (8), en la que la Fiscalía General de la República (FGR) iba a acusar a Emilio Lozoya por lavado de dinero y pedir que fuera condenado a 15 de prisión por el Caso Agronitrogenados.
Según publica Reforma en su edición digital, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, rechazó la solicitud de la FGR para que renunciara a continuar como instructor de este proceso por su supuesta falta de imparcialidad, sin embargo, se abstuvo de llevar a cabo hoy la audiencia intermedia.
El juzgador acordó que llevaría a cabo esta diligencia sólo si un tribunal de apelación ratificaba que él no estaba impedido para tramitar el procedimiento contra el exdirector de Pemex.
La FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidieron a Alarcón excusarse del Caso Agronitrogenados, porque en octubre pasado el Fiscal federal, Kristian Javier Jiménez Hernández, presentó una denuncia en contra suya y de los 3 magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, por dictar fallos presuntamente parciales en favor de Lozoya.
La denuncia en cuestión acusa a Alarcón y a los magistrados por haber anulado ilegalmente del Caso Odebrecht los documentos bancarios que son clave para acreditar los supuestos sobornos de la empresa brasileña al exdirector de Pemex.
Para la Fiscalía y las otras dependencias, la carpeta de investigación iniciada por esta querella compromete la imparcialidad de Alarcón para tramitar el proceso de Agronitrogenados.
“Es un hecho notorio que existe una denuncia por el desarrollo de la diversa causa penal (de Odebrecht), su imparcialidad estaría un poquito cuestionada”, dijo Antonio López, representante de la UIF.
El juez rechazó declararse impedido y aseguró que la solicitud de la parte acusadora era infundada porque carecía de justificación jurídica.
“Cuando protesté el cargo de juez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para hacer valer la ley y la Constitución, no hay una circunstancia que nuble mi discernimiento (…) no tengo ningún ánimo de aversión o animadversión de quien me denunció, porque no lo conozco, ni aunque lo conociera. Si resuelvo en favor de la Fiscalía, de la UIF, Pemex o la defensa no puede ser motivo de excusa porque esa es mi función…. Porque entonces la Fiscalía tendría que buscar jueces que tengan criterios para que le favorezcan, dijo el juez.
“Yo tengo 27 años en el Poder Judicial de la Federación, eso es importante porque garantiza que, con independencia de que se comparta mi criterio o no, yo no tengo la verdad absoluta y para eso están los recursos (de impugnación)”.
Reforma precisó que Eduardo Fuentes Celestrín lamentó que la FGR pidiera el impedimento del juez para instruir el proceso, porque en realidad no estaba buscando la imparcialidad en el proceso.
En esta audiencia, el juez Alarcón también ordenó reanudar las medidas cautelares a las que Lozoya estaba sujeto antes de ser encarcelado, es decir, el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
Si bien ya había obtenido hace más de un año la libertad provisional bajo esos términos en el Caso Agronitrogenados, dichas medidas no podían aplicarse porque estaba preso por el Caso Odebrecht. Ahora que también consiguió salir de prisión por este último asunto, el juez Alarcón acordó tener por cumplidas las medidas cautelares.
