La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó una denuncia ante las autoridades judiciales al considerar que han sido vulnerados sus derechos durante la investigación de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho en el caso de los relojes Rolex que exhibió en varios actos y no declaró.
“(Boluarte) Solicita ante este Juzgado Supremo Tutela de Derechos por ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de defensa técnica y por vulneración del derecho constitucional de defensa e igualdad procesal por parte del Ministerio Público”, reza el documento de la denuncia publicado este jueves por el Poder Judicial en la red social X.
La mandataria también pide que, por ese motivo, se declaren nulas las actuaciones realizadas por la Fiscalía durante la investigación y se excluya de la misma la información obtenida en diligencias del Ministerio Público.
“Como medida correctiva solicita se declaren nulas las actuaciones realizadas por los fiscales Karina Llatance Mendoza y Walter Arlando Giles Paucar respecto a las diligencias fiscales de acta de extracción y transcripción de fuente abierta descritas en su solicitud”, añade en este sentido la denuncia.
Pide, además, que se excluya de la investigación la información generada producto de las diligencias fiscales de acta de extracción y transcripción de fuente abierta descritas en su solicitud.
Y también solicita apercibir al fiscal general, Juan Carlos Villena, para que ejerza el mandato contenido en la legislación y realice el control debido de las actuaciones fiscales, “a fin de evitar la vulneración del derecho constitucional del debido proceso y afectación al derecho de defensa”.
La Corte Suprema agendó para el próximo martes a las 15:00 hora local (20:00 GMT) esta tutela de derechos, que se analizará en una audiencia judicial virtual.
El 24 de abril pasado, la Fiscalía de Perú amplió la investigación preliminar a Boluarte en el “Rolexgate” al incluir la posible comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, que se suma al de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
También anunció que amplió las investigaciones preliminares para comprender al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien aseguró que prestó los relojes de lujo a la mandataria, por la presunta comisión de delitos de cohecho activo genérico.
Tras el allanamiento de su vivienda y el Palacio de Gobierno el 30 de marzo, como parte de esta investigación, la jefa de Estado declaró el 5 de abril durante más de 5 horas ante la Fiscalía y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.
