Autoridades sanitarias de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública a Angélica Juárez, víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada en 2020, al reconocer que se violaron sus derechos humanos y los de su pequeña hija.
“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México le presenta una sincera y honesta disculpa, ya que se cometieron omisiones al no reconocerse su calidad de mujer indígena embarazada encontrándose en estado de vulnerabilidad”, señaló en un acto a puerta cerrada Ricardo Barreiro Perera, subsecretario de Prestación Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina.
Juárez, residente de uno de los pueblos originarios de Iztapalapa, al oriente de la ciudad, fue víctima de violencia obstétrica durante y después de su embarazo, principalmente debido a su condición de pobreza y su origen indígena.
En agosto de 2020, cuando estaba en la semana 38 de gestación, acudió al Hospital Comunitario Emiliano Zapata de la Secretaría de Salud (Sedesa) para una consulta de urgencia debido a su preeclampsia.
A pesar de haber expresado que no deseaba utilizar ningún método anticonceptivo después del parto, el personal médico le colocó un DIU sin su consentimiento.
Además, relató que durante su estancia en el hospital fue violentada por personal de la institución, al mismo tiempo que su hija recién nacida, a la que se le negó alimentación y abrigo.
“Mi caso no es un hecho aislado. Por el contrario, la colocación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres es más común de lo que se quiere admitir. Aquí el tema es que no se denuncia”, manifestó Juárez durante el evento.
Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, reconoció que este tipo de casos “dan cuenta de cómo el Estado Mexicano y la sociedad en su conjunto tienen mucho aún por hacer para garantizar una buena atención a las mujeres”.
Señaló que la anticoncepción no consentida de la que fue víctima Angélica se traduce en “una forma de trato cruel, inhumano y degradante a través de un método anticonceptivo de larga duración” lo que trastoca la libertad reproductiva y afecta los proyectos de vida”.
Por ello, dijo, además de la reparación del daño se debe buscar que se implementen medidas y acciones estructurales “que eviten violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la atención a la salud durante el embarazo, parto y el posparto”.
En tanto, Angélica Juárez, que aceptó la disculpa de las autoridades, enumeró una serie de propuestas para evitar que casos como el suyo se repitan, entre ellos, elaborar un protocolo de planificación familiar con perspectiva intercultural y, de ser posible, con una traductora indígena.
Además de reconocer que la violencia obstétrica es violencia también contra los neonatos, investigar las causas de los embarazos adolescentes, establecer partos humanizados, así como reconocer la labor de parteras y dulas como se hace en otros países del mundo.
Finalmente, Juárez envió un mensaje a las mujeres indígenas de la Ciudad de México.
“Levanté mi voz también por ti. Quiero pensar que me sucedió para que no te suceda a ti. Y si te llega a pasar quiero que sepas que hay herramientas y aliados que van a apoyarte”, enfatizó.
