Por Irene Escudero
Cincuenta pasos es el camino que las mujeres embarazadas del municipio de Iró, en el departamento colombiano del Chocó, recorren para realizarse el chequeo en el centro de salud Santa Rita tras salir de la casa de Chilina, la partera que las revisa y les recomienda que sigan los consejos médicos.
Sería un signo de tranquilidad, pero en este modesto puesto de salud del Pacífico, donde el calor en la vacía sala de partos es insoportable, no tienen cómo hacer una cesárea y ni siquiera un ecógrafo.
Por eso muchas mujeres prefieren parir en casa con parteras en lugar de en el centro de salud, donde no hay aire acondicionado para sobrellevar el duro trabajo de parto.
“En mayo no atendimos un solo parto, las atienden en casa”, confiesa Jennifer Palacio, jefa de enfermeras del puesto de salud.
Están haciendo control rutinario a unas 20 embarazadas pero, sin ecógrafo, a la menor complicación tienen que remitirlas al municipio de Istmina, donde antes se podía ir por un río que la minería ha secado y ahora queda a 3 horas por una carretera tan empedrada y empinada que ni los camiones pueden pasar cuando van cargados.
En su casa, María Crucelina Sánchez, Chilina, atiende a una joven embarazada, le palpa la barriga, e incluso usa un doppler, aunque le cuesta encontrar los latidos.
“No nos quiere mostrar su corazón”, dice la experimentada partera. “Cuando fui a ecografías hace 20 días, el médico también luchó para encontrarlo”, responde la embarazada con el miedo de cualquier madre.
Olvido gubernamental
Chilina ejercía antes en Todositico, a 3 horas a pie por el monte, pasando ríos y trochas, pero tuvo que salir por la violencia.
En Todositico “no hay centro de salud, entonces si no hay una partera, no hay quien reciba a un bebé”, explica a EFE Leidy Quinto, aprendiz de Chilina y partera semilla, como dicen a quien ha atendido menos de 5 partos sola.
“Antes había, pero se cayó y hasta el momento no hubo quién lo reparara (…) Parece que el Gobierno se olvidó de nosotros”, agrega.
Las parteras instan a las embarazadas a hacerse controles médicos, pero cuando empiezan las contracciones, ¿quién va a caminar, atravesar ríos y atajar la selva? “¡Tres horas caminando con dolor! ¿Y si tiene el bebé en el camino?”, dice esta partera.
Falta de médicos y muertes maternas
“En la selva chocoana hay sitios donde por la puerta baleada del centro de salud no quieren entrar los médicos, pero sí las parteras”, resume la presidenta de la Asociación de Parteras del Chocó (Asoredipar), Manuela Mosquera.
Las pintadas de las “EGC” (Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país) en las fachadas han sido tapadas por las de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un alarde de control que amenaza y calla.
La presencia de estos grupos unida a la ausencia estatal evidencia una falta de centros y personal médico y por ende más enfermedades y muertes prevenibles que en el resto de Colombia: la tasa de natalidad en el Chocó (83.4) es casi 3 veces mayor que la media nacional (36.8).
Mosquera cree que se culpa a las parteras injustamente debido “a esas envidias, al irrespeto de la creencia y la cultura de la mujer embarazada que va a una partera y también a esas rencillas que se forman entre médicos, enfermeras porque para ellos es ilógico que una mujer sin estudios atienda un parto”.
Para las parteras, la medicina es su aliada: “Yo no toco ninguna embarazada sin ecografía en mano porque si el médico dice que tiene alto riesgo y le pasa algo, luego dice que ha sido la partera”, afirma Chilina.
“El 90% de las muertes maternas en el Pacífico han sido prevenibles, pero ¿quién me cierra las brechas de los territorios, de la violencia armada? ¿las violencias intrafamiliares, el hambre y las necesidades?”, resume Manuela.
De la mano con la medicina
La solución sería una mejor articulación con la medicina y que los médicos las respetaran y reconocieran que, con su conocimiento, han salvado vidas.
“Si se diera esa oportunidad de que médicos y enfermeras escucharan (…) a la partera que les lleva a la materna, habría un vínculo perfecto porque las parteras están en los territorios queriendo minimizar esas muertes maternas”, añade Mosquera.
La Corte Constitucional obligó al Gobierno a que las integre en el sistema de salud y les dé un incentivo por su invaluable trabajo durante la pandemia, pero hasta ahora no saben cuánto les van a pagar.
Por eso Manuela es tajante: “No necesitamos reconocimientos, necesitamos respeto y aceptación”.
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