Cientos de mujeres volvieron a las calles de São Paulo, en Brasil, contra el proyecto legislativo que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo con el delito de homicidio, incluido en casos de violación.
Es la segunda manifestación en los últimos 3 días en la capital paulista contra la propuesta patrocinada por un grupo de diputados ultraconservadores, varios de ellos del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.
Como el pasado jueves (13), medio centenar de instituciones y colectivos feministas se concentraron en la Avenida Paulista, una de las principales arterias de São Paulo, y recorrieron el centro de la que es la mayor ciudad de Brasil.
Vestidas con pañuelos verdes, las manifestantes clamaron contra el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, después de que el pleno aprobara, por mayoría y en una votación exprés, discutir el proyecto con carácter de urgencia para acelerar su trámite parlamentario.
El grito más repetido en estas protestas, que días atrás se repitieron en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades, es “¡Criança não é mãe!” (Una niña no es una madre).
Con él quieren denunciar el alto índice de embarazos de adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con el citado proyecto, que responde a las demandas de los movimientos evangélicos más conservadores.
Según datos del sistema público de salud brasileño, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en Brasil, de los que 2 son de gestantes de entre 10 y 14 años.
En este marco, el texto plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 22 semanas.
De salir adelante, con el aval de la Cámara de Diputados y el Senado, el aborto en esas condiciones, incluidos aquellos productos de una violación, sería castigado como un “homicidio simple”, tipificado en Brasil con penas que varían entre 6 y 20 años de prisión.
Así, las mujeres víctimas de violación que aborten con casi 6 meses de gestación tendrían penas mayores que sus agresores, cuyo castigo oscila entre 6 y 12 años de cárcel.
