Perú debe acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), aunque no las comparta, aseguró este lunes el primer ministro, Gustavo Adrianzén, días después de que el Congreso se declarara independiente de las decisiones tomadas por este tribunal supranacional.
“Yo mismo (…) he sido crítico de muchas de las decisiones de la Corte, eso no tiene que ver con la obligación de tenerlas que cumplir y acatar”, dijo Adrianzén en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP).
El jefe del gabinete respondió así al ser preguntado por la decisión del Congreso, que el pasado viernes rechazó a la CorteIDH, después de que este tribunal pidiera al Estado peruano suspender el trámite de un proyecto legislativo que busca precisar la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“El Congreso de la República, con total independencia y autonomía y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”, indicó el Legislativo peruano en un comunicado compartido en la red social X.
Adrianzén también se refirió a la decisión que adoptó ese tribunal en diciembre de 2023, cuando declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que la CorteIDH había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
La CorteIDH declaró el desacato “debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto “por razones humanitarias” otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla”.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018) otorgó el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.
Acerca de esa declaración y en referencia a las obligaciones del país andino ante la CorteIDH, Adrianzén dijo que Perú ha admitido la competencia de la Corte y, en consecuencia, respeta las decisiones de este órgano”, aunque “no necesariamente las comparte y no por ello tiene que dejar de ser crítico”.
Según dijo, Perú “se está defendiendo” de la acusación de desacato al señalar que no están obviando “ninguna decisión de la corte”, sino que está “cumpliendo una disposición del Tribunal Constitucional”, que ordenó la liberación de Fujimori.
“Esto va a conducir a que la corte tenga una de las dos posiciones, o insiste en considerar al Perú en desacato, cosa que significaría que en su informe anual (…) mencione al Perú como un país que ha desacatado una disposición, nosotros tendremos que decir algo al respecto”, dijo.
Esa reclamación consistiría en que “el desacato, en este caso particular, no se ha producido”, puesto que el Gobierno es independiente de la Corte, “un órgano supranacional independiente”.
Al ser contrapreguntado acerca de si el Gobierno evalúa retirarse de la CorteIDH, tal y como han sugerido diversas voces en el Parlamento, reiteró que son “respetuosos de las decisiones” del tribunal, al que Perú se ha adherido “de manera voluntaria y plena”.
Finalmente, mencionó que la decisión que llevó a la liberación de Fujimori, por orden del Constitucional, se ampara en el artículo 118 de la Carta Magna, que indica que el Gobierno debe “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
